El fiscal pide más de 54 años de cárcel para De Miguel

La Fiscalía de Araba pide 54 años y 9 meses de cárcel para el ex número dos del PNV alavés Alfredo de Miguel, el presunto líder de una trama de cobro de comisiones ilegales, al que acusa de una veintena de delitos, entre ellos, cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias.

El fiscal jefe de Araba, Josu Izaguirre, ha hecho público hoy su escrito de calificación, de 128 folios, en el que solicita la apertura de juicio contra un total de 26 personas, entre ellas, Aitor Tellería y Koldo Ochandiano, también exmiembros del PNV alavés.

El escrito del fiscal, en que especifica los hechos y delitos de los que acusa, se ha conocido justo un año y un día después de que el juez Roberto Ramos culminara la instrucción del mayor sumario por presunta corrupción instruido en el País Vasco.

El magistrado concluyó entonces que había quedado "indiciariamente acreditada" la existencia de "una trama organizada" en torno a De Miguel para obtener irregularmente contratos y adjudicaciones de diferentes administraciones y entes públicos gobernados por el PNV.

Ahora la Fiscalía reitera esa idea y asegura que De Miguel ideó en una fecha "indeterminada", pero anterior a 2005, la creación de un entramado societario y personal organizado en torno a sí mismo para "obtener un ilícito beneficio económico destinado a su enriquecimiento personal y de terceras personas".

El fiscal jefe de Araba dice que para ello se aprovechó de las "responsabilidades políticas y/o administrativas" que tenía por su pertenencia al PNV y que contó con la "ayuda o colaboración personal o societaria de otros acusados", "algunos de los cuales también tenían responsabilidades políticas".

Gobierno Vasco

El Gobierno Vasco defenderá el interés público "hasta el final" en el caso De Miguel, aunque "sin prejuzgar".

Tras conocerse el escrito de calificación fiscal, fuentes del Ejecutivo vasco han recordado que esta institución está personada en el sumario "desde el primer día" y que su colaboración con la Administración de Justicia es "total".

"Ha sido una instrucción larga y deseamos un esclarecimiento rápido, completo y definitivo de los hechos que se juzgan", han señalado las fuentes, que han insistido en que "no prejuzgan".

PNV:"Que se extreme el rigor"

La ejecutiva del PNV, el Euzkadi Buru Batzar (EBB), ha reclamado hoy que "se extreme al máximo el rigor procesal y las garantías de un juicio justo" en el caso, dada "la llamativa e inusual cuantía de las penas y fianzas solicitadas" por el fiscal.

En un comunicado, el EBB, que ha destacado que han pasado seis años desde la apertura del caso en el juzgado de instrucción número 4 de Vitoria-Gasteiz, ha reclamado la "no politización de un caso cuyo origen no se localiza en la actividad de un colectivo, sino en el supuesto comportamiento de particulares".

"Como ya dijimos -ha recordado el EBB- en febrero de 2015, cuando se conoció la decisión de proceder a la apertura de juicio oral, el PNV pide y desea el esclarecimiento total de los hechos y la depuración de todas las responsabilidades, si las hubiere".

El Euzkadi Buru Batzar ha manifestado que está "a la espera" de conocer los escritos de la defensa y las otras acusaciones, "que sin duda aportarán una visión más global y completa de un asunto tan sensible".

Por su parte, la eurodiputada jeltzale, Izaskun Bilbao, ha indicado, en una entrevista en ETB, que la reacción institucional fue "inmediata" tras conocerse los hechos ya que "fue cesado" y la política "también" porque, según ha recordado, fue el actual lehendakari, Iñigo Urkullu, el que "les pidió los carnets de afiliación para demostrar que efectivamente no tenían nada que ver con el PNV".

EH Bildu ve "incomprensible" la demora

Por su parte, EH Bildu ha afirmado que ve "incomprensible" la "demora" en el esclarecimiento del 'caso de Miguel' y ha pedido que se aclare "cuanto antes" si existió una "trama organizada de contratos, adjudicaciones, comisiones y financiación ilegal".

"Sería de extrema gravedad que Araba entrara de lleno en el mapa de la corrupción al más puro estilo estatal, equiparándonos al modelo valenciano o madrileño", ha indicado.