Alcaldes del PNV y EH Bildu piden la excarcelación de presos enfermos

Los alcaldes del PNV de Donostia y Vitoria-Gasteiz y los de EH Bildu de Pamplona y Errenteria han firmado una carta en el que piden la excarcelación de las "personas presas que se encuentran gravemente enfermas o aquellas otras que ya han superado los 70 años de edad".

La carta que se titula "Por la aplicación de los derechos humanos a las personas privadas de libertad gravemente enfermas", ha sido firmada por Joseba Asirón, Eneko Goia, Julen Mendoza y Gorka Urtaran; los alcaldes de Pamplona, Donostia / San Sebastián, Errenteria y Vitoria-Gasteiz, respectivamente.

Los firmantes aluden cuatro razones para mantener dicha posición. La primera de las razones que citan es "el respeto a la dignidad de las personas, incluida la de aquellas que se encuentran en situación de privación de libertad". "El mantenimiento en prisión de una persona gravemente enferma e incurable sin las debidas condiciones para el tratamiento de su enfermedad atenta contra la dignidad de esa persona", añade la nota.

Como segunda razón mantienen que se muestran contrarios "a la aplicación de penas inhumanas, no solamente en su establecimiento o fijación, sino también en el devenir de su ejecución". Los firmantes consideran que la privación de libertad para una persona gravemente enferma supone romper el principio del respeto a la dignidad humana, además de "una doble pena sobre la persona".

La tercera razón que alegan es el estricto cumplimiento de la legalidad aplicable a estas situaciones, "y que en estos casos no se está produciendo por consideraciones que exceden el ámbito de lo estrictamente jurídico".

Y como cuarta y última razón consideran que "la denegación de la excarcelación de una persona presa gravemente enferma e incurable rompe el principio de la resocialización de la pena privativa de libertad". "Carece de sentido orientar a la reinserción a quién solo hubiera de salir de prisión para agonizar y morir", añaden.

Por otra parte, destacan que ya han desaparecido las razones que el Estado pudiera entender de riesgo para la seguridad ciudadana, además de que ayudaría a la consolidación de la paz.

Por último, han manifestado su firme compromiso por seguir trabajando por la defensa de todos los derechos humanos y por la construcción de un nuevo escenario democrático, de paz y convivencia.