Operación de Segura
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Arraiz ultima un pacto con Calparsoro para eludir la cárcel

Al igual que ya hicieron 35 acusados del sumario 04/08, el presidente de Sortu negocia un acuerdo con las partes para evitar entrar en prisión.
Arraiz declaró ante el TSJPV en febrero, por su petición de 'jaque-mate' a la Guardia Civil. EFE
Arraiz declaró ante el TSJPV en febrero, por su petición de 'jaque-mate' a la Guardia Civil. EFE

Hasier Arraiz, presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, ultima un acuerdo para eludir la cárcel con el fiscal superior del País Vasco, Juan Calparsoro y la acusación del sumario 04/08, el iniciado tras la operación policial de Segura de 2007.

Calparsoro ha confirmado a Eusko Irratia que las partes negocian un pacto por el cuál el acusado aceptaría los hechos que se le imputan, de supuesta pertenencia a ETA al intentar reconstruir la mesa nacional de Batasuna, y eludir entrar en prisión. La pena supondría su inhabilitación, por lo que no podría concurrir en las próximas elecciones autonómicas.

De cara al juicio, previsto para 9 de mayo en el TSJPV, ambas partes han buscado el acuerdo, igual que el que alcanzaron el pasado mes de enero la Fiscalía de la Audiencia Nacional y los 35 dirigentes de la izquierda abertzale que fueron detenidos también en la macrooperación de Segura en octubre de 2007.

Según Calparsoro, el pacto podría llegar esta misma semana.

De acuerdo al acuerdo que hay sobre la mesa, Arraiz aceptaría una condena de dos años de cárcel y admitir que fue "instrumentalizado" por ETA.

El pacto supondría, además,el reconocimiento de los hechos que se les imputan, renunciar a cualquier actividad relacionada con el uso de la violencia y señalar que quiere que ese compromiso contribuya a la reparación de las víctimas del terrorismo por el sufrimiento causado.

La Fiscalía solicitaba seis años de cárcel y otros tantos de inhabilitación especial para empleo o cargo público por supuesta pertenencia a ETA, al intentar reconstruir la mesa nacional de Batasuna. La Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y Dignidad y Justicia, que ejercen la acusación popular, pedían 10 años de prisión.

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