Contemplan 12 millones para indemnizar a víctimas de abusos policiales
El secretario general para la Paz y la Convivencia del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha anunciado que el Gobierno Vasco contempla una inversión de 12 millones de euros en cuatro años, desde 2017, para hacer frente a las indemnizaciones a víctimas de vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos "de represión ilícita" en la CAV entre 1978 y 1999, que estima podrían ascender a entre 315 y 447 personas. Se ha mostrado hoy "optimista" al considerar que aún queda tiempo esta legislatura para "sacar adelante" la ley.
Fernández ha hecho esta reflexión durante la presentación hoy, en una rueda de prensa celebrada en San Sebastián, de los principales contenidos de este proyecto de ley, aprobado el pasado martes por el Ejecutivo autonómico. Ha justificado la necesidad de esta ley porque, según ha dicho, es un "imperativo" crear un "instrumento" para "reconocer" y "reparar" a las "víctimas causadas en contextos de represión ilícita entre 1978 y 1999", entre las que ha citado casos como Lasa y Zabala, Gladys del Estal y Yolanda González.
El secretario general para la Paz ha explicado que el Gobierno Vasco lleva "tiempo" trabajando en este asunto, que ya "ha habido muchos contactos" y que "los grupos parlamentarios tienen desde diciembre en sus manos los borradores que se han ido manejando".
Ha avanzado que la dotación económica de este proyecto asciende a doce millones de euros, que serán repartidos en cuatro años y con los que se prevé reparar a entre 315 y 447 afectados, según las previsiones.
Las compensaciones económicas oscilarán entre los 390.000 euros para las víctimas que acrediten una gran invalidez, los 135.000 euros para los familiares de quienes hayan muerto a consecuencia de los daños y los 35.000 euros para quienes arrastren desde entonces una incapacidad permanente parcial.
La Comisión de Valoración encargada de evaluar los distintos casos presentados estará compuesta por tres expertos designados por el Gobierno Vasco, otros tres por el Parlamento y tres peritos forenses del Instituto Vasco de Medicina Legal.
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