El Parlamento ve obstáculos de Madrid a la querella por el franquismo
El Parlamento Vasco ha denunciado hoy la actitud "dilatoria y obstruccionista" del Gobierno español hacia la causa abierta por la justicia argentina contra los crímenes del franquismo y le ha instado a asumir con "total diligencia" la normativa internacional sobre derechos humanos.
La iniciativa ha salido adelante con los votos de su promotores, PNV, EH Bildu y PSE-EE, con la abstención de UPyD y con el rechazo del PP, partido que ha defendido que el Ejecutivo de Mariano Rajoy actúa acorde con la Ley de Amnistía de 1976.
En la querella argentina contra los crímenes del franquismo que dirige la jueza María Servini están imputadas 19 personas, entre otros, el exministro de Relaciones Sindicales Rodolfo Martín Villa, por la muerte el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz de cinco trabajadores por una carga policial.
En el texto aprobado, el Parlamento rechaza la postura "obstruccionista y dilatoria" del Gobierno español con esta causa, ya que no ha atendido al auto emitido en 2014 por Servini en el que ordenaba la detención de los acusados, ni al exhorto enviado este año para que los imputados declarasen ante la jueza en España.
Asimismo, la Cámara se ha solidarizado con las víctimas del golpe militar y de la dictadura franquista y ha emplazado al Gobierno central a respetar y asumir con "total diligencia" la normativa internacional sobre derechos humanos, en la que se ha basado Servini para dirigir la querella.
Iñigo Iturrate (PNV) ha criticado que el Estado apele a la Ley de Amnistía de 1976 para no abordar la reparación de las víctimas de la dictadura y ha advertido de que "tapar la verdad" provoca "espejismos" porque "los duelos que no acaban bien siempre acaban saliendo".
Desde EH Bildu, Julen Arzuaga ha criticado también que "el Estado se parapeta tras una ley de punto y final", en referencia a la Ley de Amnistía para impedir que se investiguen "crímenes de lesa humanidad".
El parlamentario del PSE-EE Mikel Unzalu ha defendido que la legislación internacional debe prevalecer sobre la española, lo que supone que el Gobierno central debe, a su juicio, colaborar con la magistrada argentina.
Desde el PP, Carmelo Barrio ha subrayado que el Gobierno central actúa conforme a la Ley de Amnistía, por lo que ha dejado claro que su partido no puede apoyar que se denuncie a este ejecutivo por "cumplir la ley".
Por último, Gorka Maneiro (UPyD) ha condenado el franquismo, pero ha criticado a "quienes alimentan rencores por intereses partidistas".
s partidistas". s partidistas".Te puede interesar
Ceuta pide al Gobierno de España que declare la "emergencia nacional" ante la presión migratoria
Miles de personas han cruzado sin control de Marruecos a Ceuta el mediodía de este jueves. Muchas de ellas entrando por la zona del Tarajal, algunas a nado y otras bordeando la costa a pie. La situación ha desbordado a los servicios de emergencia y a las fuerzas de seguridad.
Zupiria insiste en que es "inaceptable" la actuación de la Policía Nacional en Bilbao
En una entrevista concedida a Euskadi Irratia, el consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha indicado que no va a "polemizar" con los sindicatos de la Policía Nacional.
El juez Calama pide a entidades bancarias información de las cuentas de Zapatero, sus hijas y su secretaria
Tras recibir un informe de la UDEF, el magistrado aprecia indicios de la existencia de "una estructura organizada dirigida por el expresidente, orientada al ejercicio de influencias ilícitas en favor de determinados clientes".
Etxanobe propone un pacto para construir el futuro de Bizkaia
El Palacio Foral de Bizkaia ha acogido este mediodía la tradicional recepción de San Ignacio. Una cita institucional y social para conmemorar la festividad del patron de Bizkaia y de Gipuzkoa que congrega a medio millar de invitados de todos los ambitos y que se convierte cada año en el evento político más importante a las puertas del mes de agosto. Durante su intervención, la diputada general Elixabete Etxanobe ha pedido un pacto con dos pilares para contruir el futuro de Bizkaia el autogobierno y la fiscalidad.
Jon Insausti defiende una gestión de las cenas solidarias orientada a la inclusión social y laboral
Ante la polémica suscitada por la prohibición de las cenas solidarias, el alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha explicado este miércoles que la iniciativa precisa de una respuesta administrativa orientada a generar la inclusión social y laboral de las personas. Asimismo, apunta que los municipios vecinos adoptarán estas medidas antes o después.
Condenado a dos años de prisión por enaltecer el terrorismo y humillar a las víctimas de ETA en una red social
Al hombre, vecino de Zaragoza, se le halló también material pornográfico infantil en sus dispositivos incautados.
Sindicatos de la Policía Nacional critican las declaraciones de Zupiria en torno a dos detenciones
La Confederación Española de Policía asegura que no necesita solicitar autorización al Gobierno Vasco para actuar; mientras, el Sindicato Unificado reprocha a Zupiria que "ha tenido 10 días para investigar los ataques".
EH Bildu considera “preocupante” que algunas instituciones hayan “retrocedido” en sus perfiles lingüísticos
Según ha explicado la coalición abertzale, la Diputación foral de Gipuzkoa ha rebajado el número de plazas con el perfil acreditado del 89 % al 66 % en su última OPE, mientras que en la Diputación de Bizkaia se ha pasado del 85 % al 54 %, "probablemente debido al impacto de la ofensiva".
Ubarretxena afirma que siguen las negociaciones sobre transferencias y espera tener más suerte tras el verano
En una entrevista a Radio Euskadi, la portavoz del Gobierno Vasco y consejera de Gobernanza, Administración Digital y Autogobierno ha destacado que se deben lograr "acuerdos de calado" para que haya una reunión de la Comisión Bilateral entre el lehendakari Imanol Pradales y el presidente del Gobierno español Pedro Sánchez.
El Gobierno español indulta parcialmente a Laura Borràs, expresidenta del Parlamento de Cataluña
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) condenó a Borrás a cuatro años y seis meses de prisión por adjudicar contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes, pero propuso su indulto parcial para que pudiera evitar la prisión. La multa de 36 000 euros e inhabilitación de 13 años se mantiene.