El TC suspende la hoja de ruta aprobada por el Parlamento catalán

Los once magistrados que conforman el Tribunal Constitucional (TC) han acordado este lunes suspender la resolución por la que la semana pasada el Parlamento de Cataluña dio inicio al proceso de desconexión con España y han dado el primer paso para adoptar, si se diera el caso, las medidas solicitadas por el Gobierno español como la imposición de multas o la apertura de un procedimiento penal contra los responsables de la iniciativa parlamentaria.

Fuentes del tribunal de garantías han señalado que la decisión adoptada tras hora y media de debate no supone la adopción aún de estas medidas, si bien se da el primer paso para llevarlas a cabo.

En este sentido, se requiere a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, a los demás miembros de la Mesa del Parlamento y al secretario general de la cámara para que, en el plazo de 20 días informen sobre el cumplimiento de las resoluciones ya adoptadas en diciembre y el pasado 19 de julio "a efectos de la eventual adopción por el Tribunal de las medidas previstas" en la Ley Orgánica para hacer cumplir sus resoluciones.

La admisión del incidente supone además dar traslado a la fiscalía y al Parlamento de Cataluña de la petición de nulidad hecha por la Abogacía del Estado el pasado viernes. En este sentido, el Pleno del TC da 20 días de plazo para que las partes formulen las alegaciones que estimen convenientes.

La decisión adoptada este 1 de agosto por unanimidad de todos los miembros del tribunal será notificada personalmente a Carme Forcadell, a los demás miembros de la mesa del Parlamento y al secretario general de la cámara, así como al presidente Carles Puigdemont y al resto de los miembros del Consejo de Gobierno de la Generalitat de Cataluña.

En este sentido, el TC advierte a todos ellos "de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, apercibiéndoles de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir".

Reacciones

El conseller de Asuntos Exteriores de la Generalitat, Raül Romeva, ha asegurado este lunes que "en el Estado la competencia para hacer política recae en el Tribunal Constitucional (TC), lo cual es bastante paradójico en lo que llamamos separación de poderes". "Es inaudito que hoy un parlamento no pueda discutir de todo", ha criticado en una entrevista concedida a TV3.

Preguntado por posibles respuestas penales que puedan conllevar seguir con la hoja de ruta independentista, Romeva ha respondido: "Somos muy conscientes de lo que hemos venido a hacer y de las consecuencias que puede tener".

Por otra parte, la diputada de la CUP en el Parlament Mireia Vehí ha insistido en que su partido no piensa acatar ninguna decisión del Tribunal Constitucional (TC) y que seguirán con el despliegue del proceso constituyente.

La también diputada de la CUP, Anna Gabriel, ha avisado de que, si hubiera una inhabilitación de Carme Forcadell o de otros cargos electos en Cataluña por avalar la votación del proceso constituyente, habrá "una respuesta de país ante un hecho tan grave".

El coordinador general del PP catalán, Xavier García Albiol, ha destacado que espera que las instituciones catalanas recuperen el 'seny' después del "toque de atención" que le ha dado el Tribunal Constitucional al Parlament tras suspender las conclusiones de la comisión de estudio de proceso constituyente. Albiol ha considerado que la suspensión es muy positiva, como también lo es la decisión de dar 20 días al Parlament para que presente alegaciones.

El diputado de ERC en el Congreso de Diputados, Joan Tardà, ha criticado la decisión del Tribunal Constitucional y ha contemplado la posibilidad de que su partido no cumpla con lo diga este tribunal. "Lo más importante es que nosotros nos mantendremos fieles al Parlament de Catalunya. Si hay que desacatar, desacataremos", ha explicado en declaraciones a Catalunya Ràdio.