Piden 10 años de inhabilitación para Mas y 9 para Ortega y Rigau

La Fiscalía mantiene su petición de diez años de inhabilitación para ejercer cargos públicos electos y funciones de gobierno para el expresidente de la Generalitat Artur Mas por los supuestos delitos de desobediencia grave en calidad de autor y de prevaricación por la organización de la consulta del 9 de noviembre de 2014, en la recta final del juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC).

El fiscal Emilio Sánchez Ulled, en sus conclusiones en la cuarta y penúltima sesión del juicio en la sala civil y penal, ha ratificado íntegramente este jueves sus conclusiones y las ha elevado a definitivas.

Así, también sigue pidiendo nueve años de inhabilitación para la entonces vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, y para la que era consellera de Enseñanza, Irene Rigau; en ambos casos, por desobediencia grave cometida por autoridad pública como cooperadoras necesarias y prevaricación administrativa.

Por su parte, la acusación popular, encabezada por el Sindicato Profesional de Policía y la Unión Federal de Policía, ha renunciado a acusar a Mas, Ortega y Rigau de un delito de malversación y a pedir pena de prisión para ellos.

Su abogado, Antonio Alberca, ha puntualizado que toman esta decisión después de que el TSJC dejara fuera el delito de malversación al abrir juicio oral.

Las acusaciones de la Fiscalía

El escrito de acusación del fiscal -previo al juicio y que ahora ha ratificado- acusa a Mas de articular "una estrategia de desafío completo y efectivo a la suspensión" acordada por el TC, y de hacerlo amparándose sólo en su voluntad y continuando los trabajos, aunque con la conveniente discreción -afirma la Fiscalía-, y para eso supuestamente se concertó con las otras dos acusadas.

"Eran plenamente conscientes de que con ello quebrantaban el obligado acatamiento a las decisiones del TC", según el fiscal, que les acusa de aparentar que la gestión del 9N quedaba exclusivamente en manos de los voluntarios sin participación del Govern.

La Fiscalía concluye que Mas, "intencionadamente y sin otro amparo que su mera voluntad", desatendió el mandato del TC e incumplió la obligación que, como convocante, tenía de dejar sin efecto la consulta del 9N, según el escrito de acusación.

Ortega, como vicepresidenta del Govern, siguió ejerciendo el control público y la coordinación de toda la preparación de las votaciones, inmediatamente por debajo de Mas, y fue la "impulsora directa de las principales actuaciones administrativas" para el 9N, siempre según el fiscal.

En el caso de Rigau, la Fiscalía considera que puso a disposición de la consulta los medios de la Conselleria de Enseñanza y se sirvió de los jefes de los servicios territoriales de este departamento para garantizar que los directores de los centros de Secundaria prestaran el apoyo necesario.

Las defensas piden la absolución

Por su parte, las defensas del expresidente de la Generalitat Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y la exconsellera de Enseñanza Irene Rigau han mantenido este jueves que no desobedecieron al Tribunal Constitucional ni prevaricaron con la consulta del 9 de noviembre de 2014 y han vuelto a pedir la absolución de los tres acusados.

Xavier Melero, Rafael Entrena y Jordi Pina mantienen así sus conclusiones y las elevan a definitivas una vez concluidas las comparecencias de testigos y las periciales, en la cuarta y penúltima sesión del juicio.

La defensa de Mas ha insistido, en su escrito de calificación previo al juicio, en que el expresidente no desobedeció porque el Govern "interrumpió efectivamente la organización y gestión del llamado proceso participativo" a partir de la providencia del TC del 4 de noviembre de 2014, cinco días antes de celebrarse.

Cree que no puede mezclarse el hecho de poner en manos de la ciudadanía medios públicos para llevar a un proceso participativo "enmarcado en una acción política completamente lícita y defendible en cualquier sociedad democrática" con el hecho de organizar un referéndum oficial desobedeciendo una resolución judicial.

La defensa del expresidente también ha insistido en que el TC no dio "una orden concreta, precisa y determinada" de suspensión ni tampoco con un destinatario concreto para que se pueda aplicar un supuesto delito de desobediencia.

"El señor Mas recibió una providencia que ni tenía mensaje, claro, ni se puede considerar completa por falta de aclaración, ni concretaba en su persona la responsabilidad de adoptar una determinada conducta", ha valorado su defensa, en un escrito que este jueves ha ratificado.

La defensa de Ortega ha defendido en su escrito que la actuación tanto de ella como de Mas y Rigau fue "en todo momento legítima, democrática, pública, transparente y respetuosa con la legalidad".

En particular sobre Ortega, su letrado ha sostenido que fue legal porque las tareas organizativas son anteriores a la suspensión del TC y porque el día 9 de "la ejecución de las votaciones" se encargaron los voluntarios.

La defensa de Rigau ha asegurado en su escrito anterior al juicio que en ningún momento en las reuniones que mantuvieron desde la Conselleria de Enseñanza con directores se les pidió que colaborasen como funcionarios públicos en la consulta tras el veto del TC, sino que todo se dejó en manos de voluntarios.

Además, considera que tampoco se hizo "absolutamente ninguna actuación preparatoria o ejecutiva del proceso participativo, que fue gestionado íntegramente por personas voluntarias" y que ese día votaron 2,3 millones de personas expresando con absoluta libertad su opinión sobre el futuro político de Catalunya.