Parte de la campaña de Rajoy, pagada con dinero público, según la UCO

El Partido Popular de Madrid habría subvencionado parte de los gastos relativos a la campaña de las generales de 2008 -en las que fue cabeza de lista el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy- como la publicidad exterior, banderolas, trípticos y hasta el telepronter, con subvenciones públicas concedidas por la Comunidad de Madrid a la Fundación Fundescam, según apunta la Guardia Civil en un informe que obra en el sumario de la trama 'Púnica'.

Dicho documento al que ha tenido acceso Europa Press concluye que la formación madrileña empleó "facturación falseada" para cursos del ámbito audiovisual y diseño gráfico que nunca existieron "enmascarando los conceptos realmente facturados" para costear los gastos electorales.

El análisis efectuado por agentes de la Unidad Central operativa (UCO) del pendrive requisado al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez en el registro de su domicilio detecta que las cantidades que aparecen en sus documentos coinciden exactamente con las recogidas por las facturas arriba mencionadas aunque con conceptos diferentes.

Así, por ejemplo en el apartado referido a 'Publicidad Exterior' de los papeles de Beltrán aparece el concepto 'carteles' asociado a la empresa Emfasis por un importe de 2.389 euros, y que se ubica a la columna F, en referencia a Fundescam. Se trata de la misma cantidad y la misma empresa que aparece en la factura falsa pero bajo el concepto 'Edición de programas de cursos y seminarios'.

En la misma columna F se recogen gastos por importes de 50.529 euros y 46.189 con los conceptos de 'esquineros' (voluntarios del partido que reparten propaganda electoral en campaña) y 'telepronter', según el informe que precisa que en algunos casos hasta se fracturaba el pago del gasto electoral en diferentes facturas sobre boletines informativos pero cuya suma daba un resultado idéntico a la cifra que manejaba el exgerente popular en sus anotaciones.

La Guardia Civil matiza que la subvención en cuestión fue concedida por el entonces vicepresidente del Gobierno de la Comunidad de Madrid Ignacio González por un importe de 200.620 euros.

El expediente de subvención recoge un documento firmado por Beltrán Gutiérrez Moliner y el exconsejero de Transportes de la Comunidad de Madrid Ignacio Echevarría -ambos investigados en la causa- mediante el que certificaban la realización de actividades, cursos y reuniones que no se llegarían a realizar.