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Rajoy sobre el caso Atutxa: 'El Estado de Derecho ha funcionado'

En la sesión de control celebrada en el Congreso, el portavoz del PNV ha dicho que la decisión del tribunal de Estrasburgo certifica que Atutxa fue 'objeto de una cacería política'.
MARIANO RAJOY CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EFE
Rajoy ha respondido a la pregunta del PNV sobre el caso Atutxa en el Congreso de los Diputados. EFE

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, ha asegurado hoy que en el tratamiento del llamado caso Atutxa "el Estado de Derecho ha funcionado" tanto en los tribunales españoles como en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Así se ha pronunciado Rajoy en la sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados, en relación con la reciente decisión del citado tribunal que condenó al Estado español.

Ha sido su respuesta a las protestas del portavoz del PNV, Aitor Esteban, por cómo se desarrolló aquel proceso judicial hace casi diez años. Según sus palabras, la decisión del tribunal con sede en Estrasburgo, conocida la semana pasada, certifica que Atutxa fue "objeto de una cacería política".

El caso se remonta a 2008, cuando el Tribunal Supremo (TS) condenó a Atutxa, junto con los dos exrepresentantes de la Mesa de la Cámara vasca, Gorka Knorr y Kontxi Bilbao, a entre 12 y 18 meses de inhabilitación, además del pago de multas entre 12.000 y 18.000 euros por negarse a disolver al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, tras la ilegalización de Batasuna en 2003. Cinco años después, el Tribunal Constitucional confirmó la pena. Atutxa, Bilbao y Knörr presentaron recurso, que finalmente ha sido estimado por el alto tribunal europeo.

Tras pedir a Rajoy que no se escude en la independencia del Poder Judicial, Esteban también le ha solicitado que haga "un desagravio" con lo ocurrido con el expresidente del Parlamento Vasco.

El portavoz del PNV ha reprochado al presidente del Gobierno español que el respeto a las sentencias de los tribunales que esgrime ahora no lo haya practicado antes. Mariano Rajoy ha insistido en que su obligación por el cargo que ejerce pasa por acatar todas las decisiones de los tribunales, y en consecuencia, no valorarlas, le den o no le den la razón.

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