Aena valora tomar medidas contra el acuerdo aeroportuario de los gobiernos vasco y español

Aena ha salido al paso del acuerdo alcanzado entre el Gobierno de España y el Gobierno Vasco para la creación de un órgano bilateral aeroportuario, insistiendo en que no supondrá cambios en el actual modelo de gestión ni en la titularidad de la red de aeropuertos de interés general. La compañía recalca que dicho órgano tendrá carácter “estrictamente consultivo y no decisorio”, en línea con la legislación vigente.

Sin embargo, Aena muestra cautela ante algunas interpretaciones realizadas por el Gobierno Vasco, que apuntan a una posible intervención del órgano bilateral en procedimientos operativos. La compañía advierte de que estas manifestaciones “podrían vulnerar las normas” vigentes y “afectar el funcionamiento del modelo aeroportuario español”, por lo que ha anunciado que “encomendará a sus asesores jurídicos la valoración de las medidas” oportunas y que continuará vigilando la situación para “defensa del interés de Aena y de los derechos de la Sociedad y de todos sus accionistas”.

El anuncio del Gobierno español se produjo tras la reunión de la Comisión Bilateral de Cooperación, donde se pactó un mecanismo de “cooperación reforzada” que permitirá al Gobierno Vasco “aumentar la capacidad de propuesta” y “mejorar la interlocución” institucional. No obstante, desde el Ministerio de Transportes español se ha precisado posteriormente que se mantiene la “vigencia inalterada del marco normativo aeroportuario y del modelo de gestión de la red de aeropuertos de Aena”.

En este sentido, Aena recuerda que la Constitución atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre los aeropuertos de interés general. En consecuencia, subraya que las competencias normativas, de supervisión y regulación “corresponden únicamente al Estado”, a través de los organismos competentes como la Dirección General de Aviación Civil, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.

Asimismo, la sociedad señala que, conforme a la Ley 18/2014, la gestión de la red aeroportuaria “corresponde de forma exclusiva a Aena”, cuya estructura accionarial incluye un 49% de capital privado. Este modelo, añade, está “protegido” por la libertad de empresa, por lo que el nuevo órgano bilateral “no puede suponer una modificación de la red de aeropuertos de interés general ni del modelo empresarial de Aena”.