El Govern dice que la ley del referéndum prevalecerá sobre cualquier norma

La ley con que el Gobierno de Cataluña convocará el referéndum de independencia del 1 de octubre del 2017 será "suprema" y prevalecerá sobre cualquier otra norma que pueda contradecirla. La futura Ley catalana de Referéndum de Autodeterminación prevé la posibilidad de declarar la independencia de Cataluña antes de 48 horas si gana el "sí" en el referéndum del 1 de octubre, mientras que si gana el "no", el Govern convocará unas elecciones autonómicas. Además, la ley no prevé un mínimo de participación para que sea vinculante.

Así lo han explicado los diputados de Junts pel Sí (JxSÍ) Lluís Corominas y Jordi Orobitg en el acto de explicación del proyecto ante los diputados del Parlament, en un acto en el auditorio del Parlamento catalán convocado por JxSí y la CUP, aunque no han asistido Cs, PSC, PP ni SíQueEsPot —algunos miembros de esta última coalición sí han asistido pero no como grupo, sino en representación de Podem y EUiA—.

Han detallado que la ley estipulará que el pueblo de Cataluña es un sujeto político con derecho a ejercer el derecho a decidir, y que el Parlament actuará en todo momento como representante de este pueblo y garante de sus derechos: "Con esta ley se establece un régimen jurídico excepcional para dar respuesta a esta realidad y poder celebrar el referéndum vinculante". La ley se apoya en el concepto internacional del derecho de autodeterminación reconocido en la Corte Internacional de Justicia de 2010.

El proyecto de ley que llevarán al hemiciclo en las próximas semanas para su aprobación, "ampara a las autoridades y personas físicas y jurídicas que participen en el referéndum", blindándolas de cualquier actuación judicial por parte del Estado español.

La norma establece que el decreto de convocatoria del referéndum irá acompañado de un decreto de normas complementario en el que se establecerán los detalles técnicos del referéndum, como los modelos de las papeletas y los sobres, los puntos de votación, el periodo en que se llevará a cabo la campaña y los recursos humanos y técnicos que se utilizarán.

También se creará una Sindicatura Electoral que asumirá las competencias que en cualquier contienda ordinaria tiene la Junta Electoral Central que estará formada por cinco miembros —juristas y politólogos—, que serán designados por el Parlament a propuesta de los grupos.

Sobre el censo, han dicho que lo elaborará el Govern, lo validará la Sindicatura Electoral y, a diferencia de la consulta del 9 de noviembre del 2014 no requerirá autorización previa de los ciudadanos —en el 9N el ciudadano debía autorizar su inclusión justo antes de votar—.

La diputada de la CUP Gabriela Serra ha indicado que el referéndum es "vinculante", por lo que no se trata de una simple movilización ciudadana, sino de un acto "de soberanía, de desobediencia y de decisión.

La portavoz de Junts pel Sí, Marta Rovira, ha dicho que significa la "respuesta" a la "ruptura" del marco constitucional del 78 tras la sentencia del Estatut, y que jurídicamente implica el derecho de autodeterminación.