El secretario de Presidencia del Govern, Joaquim Nin, imputado por el 1-O
La Guardia Civil ha comunicado al secretario general de Presidencia de la Generalitat, Joaquim Nin, su situación de imputado en la investigación policial por los preparativos del referéndum del 1-O que dirige el titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, tras tomarle declaración esta mañana.
Nin ha empezado a declarar como testigo, sin la asistencia de un abogado, pero ante los indicios de que algunas de sus respuestas podrían incriminarle, la Guardia Civil le ha comunicado que pasaba a tener la condición de imputado.
Tras el interrogatorio, el secretario general ha abandonado la comandancia de la Guardia Civil de la calle Travessera de Gràcia de Barcelona, donde esta mañana también ha sido citado a declarar como testigo Jordi Graells, director general de Atención Ciudadana de la Generalitat.
El Govern denunciará al juez y a la Guardia Civil
Por su parte, Jordi Turull, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, ha ordenado a los servicios jurídicos de la Generalitat la presentación de una denuncia contra el juez y los agentes de la Guardia Civil responsables de la investigación a Joaquim Nin, por "una clarísima vulneración de derechos fundamentales".
La Generalitat muestra su perplejidad por que se investigue a Nin por impulsar una web que no apela a la ruptura unilateral, sino a un instrumento como el Pacte Nacional pel Referéndum cuya demanda siempre fue que el gobierno catalán y el central pactaran una votación de estas características.
El portavoz ha recordado que el Pacte Nacional recibió el apoyo del Govern, varios grupos parlamentarios y más de 4.000 entidades catalanes que querían un referéndum pactado, y ha concluido: "Se está criminalizando trabajar a favor del pacto, del diálogo y del acuerdo".
Turull ha dicho que cuando tengan la denuncia hecha explicarán con detalle los derechos que consideran vulnerados, pero ha avanzado que como mínimo consideran que es un "ataque" al derecho de reunión, al derecho de ideología, al derecho de legítima defensa y a la libertad de expresión.
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