Trapero: 'Precintar los colegios puede poner en riesgo el orden público'

El mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha trasladado al fiscal superior de Cataluña, José María Romero de Tejada, que precintar los colegios electorales de cara al 1-O, cumpliendo así su instrucción, puede poner en riesgo el orden público y la seguridad ciudadana.

Así se ha expresado en un escrito presentado al fiscal en la reunión mantenida este miércoles junto con los mandos de la Guardia Civil y Policía Nacional en Cataluña, y el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel Diego Pérez de los Cobos, según informa Europa Press citando fuentes de la policía catalana.

Trapero sostiene en su escrito que el cumplimiento de las instrucciones del ministerio público por parte de los Mossos "no excluye la responsabilidad profesional de contemplar que aplicarlas puede comportar consecuencias no deseadas", como el "previsible riesgo de alteraciones de orden público", según ha informado la policía catalana.

Así, el jefe de los Mossos se compromete a aplicar las instrucciones de la Fiscalía para evitar el referéndum, pero de acuerdo con los principios de "oportunidad, proporcionalidad y congruencia" para evitar el "previsible riesgo de alteraciones del orden público".

En ese sentido, incluye en su escrito una batería de objeciones y peticiones de aclaración a la Fiscalía sobre su instrucción de precintar los colegios electorales, con las que, según precisa, pretende "dar el mejor y más adecuado cumplimiento" de las directrices del ministerio público.

Según Trapero, la "estricta aplicación" de la instrucción de la Fiscalía de precintar los puntos designados como colegio electoral "podría comportar unas consecuencias no deseadas para nadie en relación a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones de orden público que se puedan derivar".

Trapero detalla que entre los puntos designados como locales de votación existen centros educativos, pero también ambulatorios, hospitales y centros médicos, bibliotecas, juzgados, geriátricos, pabellones deportivos, entidades religiosas, locales de medios de comunicación, asociaciones de vecinos, teatros, centros de ocio ("esplais") y guarderías.

"El cierre o precinto de estos locales o establecimientos supondría impedir el desarrollo de las actividades que ordinariamente se realizan en estos espacios, lo que, por su relevancia, pueden tener afectación sobre la prestación de servicios públicos esenciales e, incluso, podrían comportar una afectación a derechos fundamentales de los ciudadanos", alerta.

La Fiscalía entregó ayer a los Mossos d'Esquadra una instrucción en la que les ordena que desplieguen un "amplio dispositivo" policial para precintar los colegios electorales e impedir que el 1 de octubre se vote, incluso en un radio de cien metros de los colegios designados para albergar urnas.

Por su parte, el director de los Mossos d'Esquadra, Pere Soler, ha asegurado esta mañana que la "misión principal" de las policías "es garantizar los derechos, no impedir su ejercicio".

El consejero de Interior, Joaquim Forn, también ha criticado la orden de la Fiscalía, que ha calificado de "aberración", y ha afirmado que este órgano "se está excediendo en sus competencias" al actuar "como la policía".

Entretanto, el ministro español del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha asegurado en el Congreso de los Diputados que el refuerzo de policías y guardias civiles en Cataluña se mantendrá "mientras sea necesario", y ha garantizado que se adoptarán "todas las medidas legales" para impedir "cualquier ataque a la dignidad" de estos efectivos.