Gobierno Vasco: 'La dispersión no es compatible con el objetivo de reinserción'

La actual política de dispersión de los presos vascos "no es compatible con los principios rectores de la legislación penitenciaria, es decir, la reeducación y la reinserción social", según concluye el informe realizado por el Instituto de Derecho Humanos Pedro Arrupe de la Univerdad de Deusto a petición de la Secretaría General de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco.

Bajo el título "Informe sobre el impacto de la política penitenciaria de alejamiento en las familias de las personas presas", el estudio recoge un "análisis cuantitativo y cualitativo" de las "vivencias" de las 14 personas entrevistadas que tienen un familiar cumpliendo condena en cárceles españolas o francesas.

El informe ha sido presentado este viernes en Bilbao por el secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación, Jonan Fernández; la directora de Víctimas y Derechos Humanos, Monika Hernando; y los representantes del Instituto, José Ramón Intxaurbe y Gorka Urrutia.

Fernández ha expresado su "esperanza y convicción" de que la política de dispersión esté en su recta final. "Aquí no hay vertientes partidistas ni utilitaristas para expresar esta realidad que es muy nítida" y "cambiar la política de alejamiento no tiene costos y tiene beneficios, especialmente desde el punto de vista de las familias", ha asegurado.

El secretario de Derechos Humanos del Gobierno Vasco ha subrayado que coinciden en las recomendaciones del estudio, las cuales remitirá a todos los agentes implicados en la política penitenciaria.

200 presos a más de 1.200 km de casa

El informe constata que hay "un total de 322 personas cumpliendo condena en cárceles del Estado español y francés, de las cuales, alrededor de 200 lo hacían a más de 1.200 km de su lugar de residencia habitual".

Según ha explicado José Ramón Intxaurbe, uno de los autores del trabajo, lo novedoso del estudio es que, por primera vez, se han analizado las consecuencias de la vigente política de dispersión desde la perspectiva de las familias de esos reclusos. Así, a través de los testimonios recogidos se ha ahondado en diferentes aspectos: las dificultades en el trayecto, los accidentes de tráfico, el coste económico o la dificultad añadida cuando media una enfermedad.

Las visitas a los presos se están realizado "con un esfuerzo y un sacrificio importante" de sus familiares y amigos, "cuando éstos no han sido condenados por ninguna sentencia, ni hay ninguna norma jurídica que les prive" del derecho a realizar esas visitas, ha subrayado Intxaurbe.

El informe concluye que la actual política penitenciaria causa un "sufrimiento añadido a las familias" y que "no es compatible con los principios rectores de la legislación penitenciaria (reeducación y reinserción social)". Así, los autores del trabajo recomiendan el "abandono de la política generalizada de alejamiento y el retorno a un tratamiento individualizado de las penas".