El Gobierno de España recurre las ayudas de Navarra a informes sobre torturas
El Gobierno de España, por medio de su Delegación en Navarra, ha presentado un recurso contra la orden foral que destina un total de 30.000 euros a documentar hechos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos.
La orden foral regula la convocatoria de ayudas por un importe total de 30.000 euros para investigaciones sobre vulneraciones de derechos humanos en contextos de motivación política en Navarra. A esta convocatoria se presentaron tres proyectos, dos de la Universidad Pública de Navarra y uno de la Universidad del País Vasco, a la que se le han concedido 17.900 euros.
La Delegación del Gobierno español ha informado este martes a EFE de que, por medio de la Abogacía del Estado, ha presentado un recurso contencioso-administrativo ante la sala del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) contra la citada orden de la Consejería de Relaciones Ciudadanas e Institucionales.
"El Gobierno -indica la Delegación en Navarra- considera que el Ejecutivo foral, al publicar esta convocatoria de ayudas, estaría vulnerando la resolución del Tribunal Constitucional, que suspendió la Ley foral de reconocimiento y reparación de las víctimas por actos de motivación política provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno de la Nación".
El Ejecutivo español entiende que, con la orden foral, se encarga a otras instituciones que hagan los informes que el Constitucional prohibió realizar.
Comparecencia de la consejera Ana Ollo
Por su parte, la consejera de Relaciones Ciudadanas e Institucionales, Ana Ollo, ha comparecido este martes en comisión parlamentaria a petición de UPN y PPN para explicar la subvención de 17.900 euros al Instituto de Criminología del País Vasco, dependiente de la Universidad vasca, para elaborar un informe sobre torturas en Navarra de acuerdo a la orden foral recurrida.
"Algunas voces han querido 'demonizar' a este Instituto de Criminología del País Vasco, han deslizado insinuaciones que cuestionan la validez de un grupo universitario altamente cualificado", ha dicho Ollo, durante una comparecencia parlamentaria.
En la sesión, Ollo ha recordado que el Instituto de Criminología del País Vasco se presentó con un proyecto de investigación sobre la práctica de la tortura y malos tratos en Navarra desde 1960, recibiendo una financiación de más de 17.000 euros para 2017.
"Los límites temporales de la convocatoria hacen que esta sea solo una aproximación, siguen quedando bastantes tareas", ha precisado, y "lamentado" que el retraso en la tramitación de este expediente y los recursos interpuestos hayan imposibilitado que otros dos proyectos previstos no hayan podido ser llevados a cabo.
La consejera se ha referido así al recurso presentado por el PPN en el mes de noviembre, y al interpuesto por la Abogacía del Estado: "Espero que no estemos erigiéndonos en jueces y fijando quién sí y quién no puede realizar investigaciones académicas", ha indicado, tras garantizar que el Gobierno lleva dos años y medio trabajando en el reconocimiento y reparación de las víctimas "sin equiparaciones ni diluciones de ningún tipo", atendiendo a cada una de ellas "según sus necesidades".
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