La Cámara Vasca denuncia las injerencias del Gobierno español contra leyes vascas
El Parlamento Vasco, con el respaldo de todos los grupos excepto el PP, ha denunciado hoy que el Gobierno español recurra "sistemáticamente" ante el Tribunal Constitucional las leyes aprobadas por esta Cámara desde una "posición recentralizadora".
Dicha actuación constituye "una injerencia" en las facultades que la Cámara de Vitoria tiene atribuidas legalmente, subraya la enmienda que hoy ha aprobado el pleno del Parlamento con el respaldo del PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y el PSE-EE y los votos en contra del PP.
La Cámara vasca ha debatido una proposición no de ley de EH Bildu sobre los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno español contra distintas leyes refrendadas por el Parlamento autonómico, entre ellas normativas sobre vivienda, la técnica de la fracturación hidráulica para extraer gas, la que regula el reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de motivación política y la relativa a la jornada laboral de 35 horas de los funcionarios vascos.
Menos los 9 parlamentarios del PP, el resto de los grupos, que suman 66 de los 75 escaños, han suscrito una enmienda a la proposición no de ley original en la que el Parlamento reivindica la defensa del autogobierno y denuncia la interposición, por parte del Gobierno español, de recursos de inconstitucionalidad y de conflictos competenciales.
Con estas decisiones, añade el Parlamento, se cuestiona el ejercicio de competencias reconocidas en el Estatuto de Gernika.
Asimismo el legislativo vasco ha instado al Gobierno español a intentar agotar la vía del acuerdo, mediante mecanismos pactados, para dirimir posibles diferencias en materia competencial, así como a desistir de promover legislación básica que "erosiona la faceta institucional y competencial" del autogobierno vasco.
También el Parlamento ha instado al Gobierno Vasco a que siga defendiendo las leyes aprobadas por el Parlamento a través de la presentación de alegaciones a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por el Gobierno español y a seguir exigiendo mecanismos pactados para dirimir las diferencias.
Por último, en la iniciativa aprobada, el Parlamento ha exigido al Gobierno español que articule mecanismos que permitan una composición del Tribunal Constitucional "plural y equilibrada ideológica y territorialmente".
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