El Tribunal Supremo apunta a sedición en el caso del procés

El Tribunal Supremo ha recordado al juez Pablo Llarena, que instruye la causa del procés, que la Fiscalía dejó abierta la puerta a imputar un delito de sedición a los líderes independentistas, en un auto en el que sostiene que el 1-O pudo acabar en una "masacre" de haber intervenido más policías.

En un auto en que confirma la prisión preventiva para Jordi Sànchez, número dos de JxCat, la sala de lo penal del Supremo ha apuntado a que los líderes del procés podrían haber incurrido en un delito de sedición, que no exige violencia, por lo que "no se precisa entrar en la cuestión más espinosa que suscita" el de rebelión.

Por otro lado, el Supremo ha intentado rebatir los argumentos del tribunal alemán que cuestionó la existencia de violencia en el procès y adelantó su probable negativa a entregar a Carles Puigdemont por rebelión, al afirmar que "no es razonable" comparar esta causa con las revueltas del aeropuerto de Frankfurt.

El Tribunal ha aprovechado para puntualizar lo decidido por el tribunal de Schleswig-Holstein y abrir la puerta a juzgar los hechos por el delito de sedición.

La Sala II responde a la resolución del tribunal alemán al asegurar que "no es razonable", como hacen, comparar el proceso secesionista dentro de un país de la UE con las revueltas organizadas contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt.

En este caso, explican los magistrados, "no se trataba de ampliar o no una de las pistas del aeropuerto de El Prat de Llobregat (Barcelona) y que ello generara la protesta de miles de manifestantes para impedirlo".

"Lo que aquí realmente sucedía era que después de más de dos años dedicados a laminar el ordenamiento jurídico estatal y autonómico, y de oponerse frontalmente al cumplimiento de sentencias básicas del Tribunal Constitucional, se culminaba el proceso secesionista dentro de un país de la Unión Europea, con una democracia asentada", afirman.

Y todo ello, añaden, "poniendo las masas en la calle para que votaran en un referéndum inconstitucional oponiéndose a la fuerza legítima del Estado que protegía unos supuestos colegios electorales".

Los magistrados dicen los dirigentes catalanes "después de más de dos años de ilegalidades parlamentarias y gubernativas perpetradas en cadena, acaban sacando a la calle nada menos que a dos millones de personas para acceder a unos colegios electorales que se hallaban protegidos por 6.000 policías", una misión "imposible" para frenar una votación que tenía como objetivo fracturar el Estado.

Por ello los magistrados no dudan en afirmar que los líderes independentistas "incuestionablemente violentaban los principios del sistema político y jurídico que se plasma en la Constitución".