El fiscal mantiene la acusación por terrorismo en los incidentes de Pamplona
El fiscal de la Audiencia Nacional, José Perals, ha mantenido la acusación por terrorismo a los cuatro encausados por los incidentes ocurridos en una manifestación en Pamplona el 11 de marzo de 2017, ya que "no fue una simple algarada", sino que se siguieron "las pautas marcadas por la estrategia de ETA" y se creó "un clima de terror".
En la última jornada del juicio en la Audiencia Nacional por estos hechos, el Ministerio Público ha mantenido la petición de 7 años de prisión para Asier P.B., Rubén I.B., Endika E.M. y a Julen P.G., a quienes acusa de un delito de desórdenes públicos terroristas. Además, solicita que los cuatro acusados indemnicen a las víctimas por los daños causados, valorados en 30.000 euros.
El fiscal José Perals, el mismo del caso Alsasua, ha enmarcado los incidentes violentos ocurridos en la manifestación en la "dinámica desplegada por la izquierda abertzale radical", que es "contraria al cese de la violencia" de ETA.
"Las organizaciones desaparecen pero las ideas y la forma de actuar permanecen", ha asegurado el fiscal, para quien la manifestación "no fue una simple algarada realizada por un grupo de jóvenes", sino una actividad planificada "con una finalidad terrorista para alterar la paz pública en el centro de la capital".
"Si algo nos ha demostrado la historia es que el terrorismo existe sin la necesidad de muertos. Todo esto sigue siendo lo mismo", ha explicado el representante del Ministerio Público tras descartar que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de desorden público, puesto que "persiste la herencia de décadas de terrorismo en el País Vasco y Navarra".
A su juicio, la marcha convocada por la dinámica 'Errepresioari Autodefensa' en la que participaron unas 400 personas, prueba que se trata de "la misma dinámica de siempre". "Se podrá decir que el Ministerio Fiscal vive en un mundo imaginado que no se corresponde con el actual, que nos gustaría que fuera así, pero lo cierto es que existió una manifestación contra la 'represión'", ha dicho.
También ha recordado que prueba de la "violencia intimidatoria heredada de ETA" se gritaron consignas como 'Borroka da bide bakarra' ('la lucha es el único camino'), 'Gora ETA'y 'Euskal presoak'.
Respecto a la participación de los cuatro jóvenes acusados, el fiscal ha explicado que ha quedado "suficientemente acreditada" por la versión prestada en la vista oral por los agentes que participaron en el dispositivo de seguridad.
Las defensas piden la absolución
El letrado Iñigo Iruin, que ejerce la defensa de tres de los jóvenes, ha pedido la absolución de sus clientes mientras que el letrado del cuarto acusado también ha solicitado su absolución, aunque de manera subsidiaria un año de prisión por delito de alteración de orden público.
Iruin, durante su exposición. Foto tomada de la señal de la Audiencia Nacional.
Iruin ha calificado de "sorprendentes" los argumentos del fiscal, que sigue "la herencia de la posición histórica del Ministerio Fiscal" durante los últimos años. El letrado ha defendido que no pueden confundirse "radicalismo con terrorismo", ya que "todo delito de terrorismo implica la utilización de violencia gravísima contra personas con el fin de generar alarma masiva en la sociedad", y en este caso no lo hubo.
Además, ha incidido que se puede realizar una calificación "automática" de unos incidentes como terrorismo según su ubicación geográfica: "Los hechos se suceden en el País Vasco, luego son terrorismo". En este contexto, ha recordado los incidentes del barrio de Gamonal en Burgos, "que fueron muchísimo más graves y durante siete noches seguidas, y a nadie se le ocurrió calificarlos de terrorismo".
El juicio ha quedado visto para sentencia.
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