El Parlamento Vasco da el primer paso para crear una oficina anticorrupción

El Parlamento Vasco ha aprobado este jueves la toma en consideración de la proposición de ley registrada por EH Bildu dirigida a crear en Euskadi una Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción para investigar conductas sospechosas en las instituciones autonómicas.

Esta entidad, además de investigar posibles casos de corrupción, debería informar después a las administraciones afectadas y, en su caso, a la Fiscalía. Además tendría la potestad de sancionar con hasta 90.000 euros a quien "obstaculice" su labor.

Todos los partidos de la Cámara, salvo el PP que se ha abstenido, han apoyado que la iniciativa siga su tramitación en el Parlamento Vasco.

Sanciones de hasta 90.000 euros

La propuesta pasará ahora a ponencia, donde los grupos presentarán sus respectivas enmiendas. Tal y como está redactada, la norma afectaría a todas las instituciones públicas vascas y también a las empresas y entidades que hayan trabajado o contratado con ellas.

Si alguno de estos agentes "no ayuda u obstaculiza" la labor de control de la oficina podrá ser sancionado con hasta 90.000 euros en los casos más graves. Esta sanción se sumaría a las penas administrativas y penales que pudieran imponerse en cada caso.

Es muy similar a una ley aprobada ya en Navarra, pero introduce cambios con respecto a esta, en relación a la prescripción de las conductas irregulares y a los plazos de los mandatos en la dirección de la oficina anticorrupción.

Valoración de los grupos

Larraitz Ugarte (EH Bildu) ha defendido que Euskadi no es un "oasis" con respecto al resto de Estado al señalar que "si se hace un mapa de la corrupción se está mejor que por debajo del Ebro", pero la administración pública vasca "no es transparente y seria porque la impunidad es total", tal y como ha quedado claro, a su juicio, con el conocido como caso De Miguel.

Desde el PNV, David Latxaga ha reconocido que la iniciativa merece un debate "responsable y profundo", aunque ha subrayado que las medidas que contiene son "algunas discutibles y otras no", pero que en todo caso en parte ya se están tratando en la ponencia creada tras la toma en consideración de la ley sobre transparencia y participación ciudadana.

Cristina Macazaga (Elkarrekin Podemos) ha apoyado que siga su tramitación al considerar que la sociedad vasca ha tomado conciencia del "grave problema" que supone la "corrupción y el clientelismo" en Euskadi, al citar ejemplos como "la OPE dopada de Osakidetza".

José Antonio Pastor (PSE-EE) se ha mostrado a favor de seguir debatiendo porque la propuesta va en consonancia con iniciativas que el PSOE promueve en el resto del Estado, y ha apostado por consensuar un modelo que "sea realmente eficaz para el fin que persigue".

Por último, Javier Ruiz de Arbulo (PP) ha matizado que su partido es más partidario de dar más medios a la judicatura que de crear oficinas y ha advertido que, en función de cómo se diseñe, esta entidad "puede ser totalmente inútil".