Jordi Sánchez: 'No hay democracia sin ley, pero tampoco ley que ahogue la democracia'

“No hay democracia sin ley, pero tampoco ley que ahogue la democracia”, ha remarcado este jueves el expresidente de ANC Jordi Sánchez durante su declaración en Tribunal Supremo, en el juicio del procés.

Sánchez ha querido dejar claro que "jamás" un fiscal o un juez se dirigió a la ciudadanía o a las entidades soberanistas para impedirles participar y votar en el referéndum del 1-O.

"Ni la ANC ni Òmnium ni mi persona jamás recibió ninguna notificación por parte de la Fiscalía ni de ningún juzgado diciendo que esas actividades no se podían llevar a cabo", ha dicho Sánchez en relación a la organización, difusión y participación en el referéndum.

Sánchez, acusado de un delito de rebelión por el que la Fiscalía pide 17 años de prisión y que lleva en prisión provisional desde el 16 de octubre de 2017, se ha referido así en la sexta sesión del juicio del procés que se celebra en el Tribunal Supremo.

En el interrogatorio más tenso hasta la fecha, ante el fiscal Javier Zaragoza, ha reconocido abiertamente que la ANC y Òmnium participaron "de una manera muy activa" para promover el voto.

Pero ha subrayado que en el auto de la magistrada TSJC Mercedes Armas -que pide a las fuerzas de seguridad del Estado que impida el uso de locales públicos para el 1-O- "no hay referencias a que la ciudadanía pueda participar". "¿Entonces donde está el delito?", ha dicho.

Y ha aseverado: "Si la ley (del referéndum) estaba formalmente suspendida, un Estado que confía en sus instituciones no tiene que temer de una acto cívico de ciudadanos que van con una papeleta para depositarla en una urna".

Por otro lado, ha negado que la ANC guardara las urnas antes o después de la votación y ha reconocido que no sabe donde estaban, pero sí que ha admitido que desde la Asamblea se repartieron papeletas a los ciudadanos, a los cuales se les instaba a imprimirlas para tener más e ir a votar.

Además, el expresidente de Asamblea Nacional Catalana ha reconocido que llamó mediante una intervención radiofónica y la red social Twitter a la movilización frente a la Consejería de Economía de Cataluña, que estaba siendo registrada por orden judicial desde primeras horas del 20 de septiembre de 2017.

Ante la pregunta de si lo hizo por considerar dicha orden un ataque a las instituciones catalanas, Sánchez ha manifestado que convocó "sólo para protestar" por la decisión del Juzgado Central de Instrucción número 13 de Barcelona y bajo un lema, el de "defendamos las instituciones" que no era suyo y que compartían "en los mismos términos" otras entidades participantes en la protesta entre las que ha citado a CC.OO, UGT, los rectores de las universidades públicas catalanas.

Sánchez ha destacado la relevancia de este aspecto de lo ocurrido "porque hoy es imposible juzgar los hechos sin tener en cuenta el entorno y consideraciones sociales y políticas que existían", esos días en Cataluña, donde el Juzgado 13 -que investiga la organización del 1-O- llevaba meses practicando diligencias secretas que estaban siendo muy "polémicas".

"Todo ello generó una situación de indignación y, de acuerdo con el mandato de la Asociación Nacional Catalana (ANC), decidimos convocar un acto de protesta", ha apuntado, para añadir que las decisiones judiciales "deben ser respetadas, pero eso no las exime de ser protestadas".

Por último, Sánchez ha destacado que el 20-S alertó al mayor de los Mossos Josep Lluis Trapero de que "había armas largas" en los coches patrullas de la Guardia Civil que estaban en la Consellería de Economía, porque que no era su responsabilidad protegerlas.

El exconseller de Empresa Santi Vilaen el Tribunal Supremo. Foto: EFE

El exconsejero catalán de Empresa Santi Vila ha explicado este jueves durante su declaración como acusado en el juicio por el procés independentista en el Tribunal Supremo que durante la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017 "dos millones y medio de catalanes se quedaron en casa", lamentando así que el Govern de Carles Puigdemont no fuera el "gobierno de todos".

Durante su interrogatorio, que ha durado una hora y cuarto, Vila ha explicado a preguntas del fiscal Fidel Cadena la labor de "interlocución" que él mismo ejerció después de la consulta con "altos dirigentes del PSOE y del Gobierno de España", incluso con sectores "religiosos, de la empresa e institucionales" para "evitar el choque de trenes" e "ir desencalando la tensión".

"Algunos vivimos hasta el ultimo segundo la convicción de que no se llevaría a cabo el 1 de octubre, nos acompañará el dolor toda la vida de ver señoras por los suelos, pero esas semanas muchos nos comprometimos para evitar la suspensión del autogobierno que ya era una amenaza que se nos advertía", ha continuado.

Vila, que se encuentra en libertad provisional, ha relatado este contexto para explicar por qué presentó su dimisión el 26 de octubre de 2017, un día antes de la proclamación de la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) al sentirse "frustrado". Ha admitido que la noche del 25 de octubre tenía la "sensación de paz interior" al creer que el gobierno catalán no tomaría ninguna decisión de forma unilateral. Sin embargo, "el clima de desconfianza y la tensión exterior era tan fuerte que todo se torció".

En este sentido, ha indicado que desde el 1-O existían "discrepancias de interpretaciones" en el "seno del movimiento soberanista" sobre lo que había pasado.

En varias ocasiones ha destacado su convencimiento sobre que ningún miembro del Gobierno de Carles Puigdemont eludió las resoluciones del TC, ya que todas las iniciativas adoptadas para la celebración de una consulta independentista "decayeron". En este momento, Vila ha apuntado que cuando la ley del referéndum fue suspendida, la consulta "muta a una gran movilización política" y, por tanto, "ya nunca lo reconocí como referéndum".

Además, Vila ha recordado que la legislatura de Carles Puigdemont comenzó con una "presión muy fuerte por parte de la ciudadanía" y de algunos partidos políticos para que el Govern tomase decisiones "unilaterales".

Por último, Vila ha enfatizado que, al menos desde la consejería que dirigía, no se ha destinado ningún euro público para el 1-O, sino que pudo venir de "mecenazgos, empresarios, mecenas catalanes y catalanistas", tal y como ha venido sugiriendo desde la primera vez que fue a declarar a la Audiencia Nacional.