El Parlamento Vasco pide la transferencia de las prisiones

Los grupos del Parlamento Vasco, con la excepción del PP, han reclamado que se transfiera a Euskadi la competencia sobre la gestión de las prisiones, tal y como se recoge en el Estatuto de Autonomía de Gernika, con el fin de avanzar hacia un nuevo modelo penitenciario "inteligente, democrático" y respetuoso con los derechos humanos.

El texto acordado por estas formaciones establece la necesidad de "buscar el consenso entre las fuerzas políticas con representación parlamentaria y el tercer sector para la transferencia de la organización, régimen y funcionamiento de las instituciones penitenciarias y de reinserción".

La Cámara de Vitoria-Gasteiz también ha aprobado, con el apoyo de todos los grupos salvo el PP, una propuesta de Elkarrekin Podemos en favor del acercamiento a cárceles de Euskadi de "todos los presos con arraigo" en la comunidad autónoma.

El modelo penitenciario del Gobierno Vasco aboga por la reducción del uso de la prisión para que sea una "opción extrema" solo para cuando "no exista otra alternativa", con el objetivo estratégico de que al menos el 40 % de los reclusos cumplan sus penas en régimen abierto.

María Jesús San José, consejera de Trabajo y Justicia, ha desvelado algunos de los principios y objetivos del modelo de gestión de prisiones en el que trabaja el Ejecutivo de cara a la negociación de esta transferencia marcada para 2020 en el calendario de traspasos de competencias planteado por el Gobierno de Pedro Sánchez.

San José ha explicado estos ejes en el pleno monográfico sobre prisiones del Parlamento Vasco, a propuesta de EH Bildu, y en el que ha subrayado que esta transferencia no es "ninguna prebenda" y que es posible, al igual que lo fue con Cataluña, que la administración vasca asuma funciones de dirección, organización e inspección sobre instituciones penitenciarias.

Las tres prisiones vascas cuentan con una población reclusa de 1.314 personas (1.191 hombres y 123 mujeres), con una tasa de 60 encarcelados por cada 100.000 habitantes. El Gobierno Vasco pretende que baje a 40.

La consejera ha abogado por un modelo sustentado en la reducción del uso de la prisión y en la resocialización, y en el que se incluya la perspectiva de género y la visión restaurativa.

San José ha defendido que el encarcelamiento debe ser la "opción extrema", y por ello ha abogado por que el 40 % de los presos cumplan su pena en régimen abierto, frente al 28 % de los que actualmente tienen concedido el tercer grado.

La consejera ha señalado que, para poder lograrlo, el Gobierno Vasco deberá procurar un sistema integral y de reinserción que "dé garantías a los jueces para dictar medidas en medio abierto".

San José ha ligado los beneficios del régimen abierto con la mejora de los índices de reincidencia, que el Ejecutivo quiere que estén por debajo del 30 %.

Para avanzar hacia esos objetivos, el Gobierno Vasco se propone desarrollar herramientas de acompañamiento individualizado, formar al personal de prisiones y potenciar los trabajos en beneficio a la comunidad, entre otras medidas.

EH Bildu ha defendido alguna de sus propuestas, entre las que destaca que todos los presos con vecindad administrativa vasca cumplan sus penas en la CAV. El PP y el PSE-EE han reprochado a la coalición que lo que busca es reivindicar el acercamiento de los presos de ETA, objetivo legítimo para PNV y Elkarrekin Podemos, pero que ambos advierten que no debe ser la meta central en el debate sobre el modelo.

Jone Goirizelaia (EH Bildu), que ha criticado las propuestas del Gobierno Vasco por estar "verdes", ha considerado que sería posible, con la competencia en vigor y a través de decretos, que todos los presos vascos cumpliesen condena en la CAV.

La abertzale ha abogado por transformar el modelo "de raíz" para diseñar uno propio que "trate con dignidad a los presos y trate de recuperarlos y no de abandonarlos", y para ello ha defendido las medidas alternativas a la prisión.

Joseba Zorrilla (PNV) ha reclamado la transferencia que permita a Euskadi "presumir y dar ejemplo en esta cuestión" y que esté alejada del modelo penal y penitenciario del PP, al tiempo que ha reclamado autocrítica a EH Bildu, tras subrayar que el terrorismo "ha condicionado mucho" la política penitenciaria.

Juan Luis Uria (Elkarrekin Podemos) ha reivindicado la transferencia para mejorar los programas de reinserción social y ha considerado que el grado de consenso entre los grupos es alto.

Alexia Castelo (PSE-EE) se ha mostrado convencida de que el traspaso se producirá, y ha dejado claro que su partido aspira a que el modelo vasco sea "social y rehabilitador".

Por último, Nerea Llanos (PP) ha recordado que la política penitenciaria es competencia del Estado con o sin traspaso, ha advertido que la gestión de prisiones esté en Euskadi no es garantía de mejora y ha puesto el ejemplo de Lanbide que, a su juicio, es un "caos".