La Abogacía cree que la violencia no es 'elemento estructural' del 'procés'

La Abogacía del Estado ha defendido su acusación por sedición contra los políticos independentistas catalanes, y ha descartado el delito de rebelión del que acusa la Fiscalía, dado que cree que la violencia no es "uno de los elementos estructurales del plan" de los acusados para alcanzar la independencia ni se organizó "de forma proporcionada".

Pero sí que considera, según ha expuesto la jefa de lo Penal de la Abogacía, Rosa Seoane, ante el tribunal del procés, que los acusados participaron "de forma absolutamente predeterminada y organizada" en un "alzamiento público y tumultuario que tuvo lugar el 1-O" con la "finalidad clara de impedir y neutralizar" el mandato judicial que ordenaba impedir el referéndum, declarado ilegal. Es decir, que hubo sedición.

La Abogacía, dependiente del Gobierno de España, ve en el 1-O "un movimiento reactivo con carácter generalizado, masivo y, desde luego, público", y ha destacado las "concentraciones masivas de personas dotadas de cierta organización", preparadas para "impedir la aplicación de la ley".

Seoane considera que "se dan todos los elementos del delito de sedición en la forma de proceder el 1-O", donde se ejerció una resistencia o activa o pasiva a las fuerzas de seguridad del Estado a través de "una oposición de los concentrados", que, en actitud "clara de desobediencia", intentaban impedir el cumplimiento de un mandato judicial, dándose a veces situaciones de gravedad "de mayor o menor alcance".

Para la Abogacía, nueve acusados, con Oriol Junqueras a la cabeza, son coautores del delito de sedición, ya que todos buscaban la misma finalidad y "aportaron cada uno dentro de sus ámbitos lo que era necesario".

Seoane ha destacado aquí el papel "fundamental" de Carme Forcadell para crear "esa apariencia de legalidad, esa especie de marco normativo paralelo completamente ilegítimo que daba cobertura" a todo el "procés".

Y respecto a los Jordis, ha subrayado su "capacidad de convocatoria y liderazgo" durante las concentraciones del 20 de septiembre de 2017 ante registros de dependencias de la Generalitat, cuando se subieron a vehículos de la Guardia Civil "para alentar a las masas contra la actuación judicial" y los ciudadanos seguían "a rajatabla sus instrucciones"

En cuanto al delito de malversación, la abogada del Estado ha considerado demostrado el perjuicio para las arcas públicas del procés, más allá de los gastos "mínimos" acreditados durante el juicio.

"Se ha producido una adscripción generalizada de todos los recursos humanos y materiales de la Generalitat a ese fin ilícito e ilegítimo produciendo un perjuicio patrimonial", ha precisado.

La Fiscalía defiende que "fue un golpe de Estado"

El fiscal Javier Zaragoza ha abierto el turno del informe del Ministerio Público en el juicio, asegurando que "lo que sucedió en Cataluña entre marzo de 2015 y octubre de 2017 es lo que en terminología del jurista Hans Kelse se llama golpe de estado". Asimismo, ha subrayado la "violencia" a lo largo de ese último mes "insurreccional".

Zaragoza ha defendido la acusación de rebelión para los principales implicados porque ese tipo penal "no necesita violencia grave ni violencia armada"; el "procés", ha dicho, fue "un ataque contra el orden constitucional, no contra el orden público", por lo que no puede ser considerado una sedición.