El Parlamento culpa al Gobierno Vasco de inacción ante el sobrecoste en los comedores
El Parlamento Vasco ha responsabilizado políticamente a cuatro consejeros de Educación entre 2003 y 2017 de "inacción" por su falta de respuesta ante los indicios de concertación de precios entre adjudicatarias de los comedores escolares que supuso un sobrecoste de entre 70 y 80 millones de euros.
El pleno de la Cámara de Vitoria-Gasteiz ha aprobado, con los votos mayoritarios de los grupos de la oposición (EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PP), el informe final de la comisión de investigación que desde febrero de 2018 ha analizado si hubo irregularidades en la contratación de empresas para gestionar los comedores escolares públicos.
PNV y PSE, los grupos políticos que conforman el Gobierno de coalición de Iñigo Urkullu y que están en minoría en la Cámara, han votado en contra de este informe al no compartir sus conclusiones y considerar que la oposición ha unido sus votos por motivos electoralistas y partidistas.
Esta comisión de investigación fue impulsada a principios de 2018 por la oposición después de que la Autoridad Vasca de la Competencia impusiera una sanción de 18 millones de euros a 7 empresas por un reparto de mercado y fijación de precios entre 2003 y 2015, período durante el cual estuvieron al frente de Educación consejeros de EA, PSE-EE y PNV.
El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco rebajó posteriormente un 60 % la sanción tras un recurso de varias de estas empresas, aunque entendió que existió un pacto entre ellas y consideró que fue posible gracias a la falta de "reacción, indagación, consulta o prevención" del Gobierno Vasco.
En el dictamen aprobado se responsabiliza políticamente a los consejeros de Educación por su "inacción" ante los indicios de concertación y por su falta de respuesta ante el quebranto patrimonial sufrido por la Administración, aunque no habla de connivencia entre las empresas y altos cargos del Gobierno Vasco.
Añade que también hubo responsabilidad en todos los gestores de los comedores a partir de 2013, cuando ya había denuncias públicas y el Gobierno Vasco "hizo caso omiso".
Estos exconsejeros son Anjeles Iztueta y Tontxu Campos, de Eusko Alkartasuna; Isabel Celaá (PSE), actual ministra de Educación en funciones y portavoz del Gobierno de Pedro Sánchez, y la actual titular del Departamento de Educación, Cristina Uriarte (PNV).
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