Sánchez se verá con Torra durante la primera semana de febrero

Pedro Sánchez, el presidente del Gobierno español, y Quim Torra, el presidente de la Generalitat de Cataluña, se reunirán durante la primera semana de febrero.

Además, se reunirá con todos los demás mandatarios autonómicos, en las sedes de las presidencias de los gobiernos de cada comunidad autónoma, con la finalidad de abordar con mayor cercanía "los problemas de la ciudadanía".

El encuentro con Torra obligará a retrasar la primera reunión de la mesa de diálogo entre gobiernos pactada en el acuerdo de investidura sellado entre el PSOE y ERC, y que preveía una primera reunión 15 días después de la formación del Gobierno.

"Vamos con voluntad aunque hay grandes diferencias", ha reconocido el jefe del Ejecutivo, que ha remarcado que esa comisión bilateral es "perfectamente constitucional" y que el autogobierno es el "punto de encuentro de todos los catalanes"

No obstante, Sánchez ha abierto la puerta a revisar el delito de sedición en el Código Penal por entender que no es homologable a los delitos que se contemplan en otros países europeos. Precisamente, el delito de sedición es por el que han sido condenados los dirigentes independentistas en el Tribunal Supremo.

El presidente del Gobierno ha subrayado que su compromiso de "desjudicializar el conflicto" no conlleva en modo alguno impunidad. Así, ha garantizado que el acuerdo para resolver el conflicto en Cataluña no puede incluir la autodeterminación, porque ese acuerdo, ha dicho, no puede basarse en "cosas que nos pueden dividir más".

Presupuestos antes del verano

Sánchez, se ha marcado como objetivo la aprobación de los nuevos Presupuestos Generales del Estado, los primeros de su Ejecutivo, antes del verano.

Es una de las prioridades del Ejecutivo de coalición de PSOE y Unidas Podemos, que en el Consejo de Ministros de hoy, martes, aprobará una subida del 2 % del salario de los funcionarios. La intención del Ejecutivo es que esa subida salarial tenga efectos retroactivos desde el 1 de enero de este año, con lo que ya se percibiría en la nómina de este mes.

El Gobierno de coalición pretende derogar los aspectos "más lesivos" de la reforma laboral al tiempo que ha abogado por acabar la legislatura con una cuantía del salario mínimo equivalente al 60 % del sueldo medio, si bien deberán ser los agentes sociales los que marquen los ritmos.