La AN llama a declarar a 12 jóvenes por una protesta contra el rey en Pamplona
La Audiencia Nacional ha llamado a declarar a 12 personas acusadas de un delito contra la corona por los hechos acontecidos el 12 de octubre frente al Palacio de Navarra, entre ellas el derribo de estatuas simuladas de Colón y Felipe VI.
Las 12 personas declararán de manera telemática desde el Palacio de Justicia de Navarra los días 12, 13 y 14 de enero. El día 12, a las 10:00, han convocado una concentración "en favor de las libertades fundamentales".
Unai Ekiza y Lur Albizu, dos de los jóvenes acusados, han criticado en rueda de prensa que a través de esta acusación "quieren criminalizar la crítica política".
"Pretenden hacer al monarca español intocable, no solo en el ámbito judicial sino también en el político", han añadido, considerando "extremadamente grave que quieran castigar la crítica a la figura del rey de España o la crítica a la historia colonial de España".
Han añadido que se está "ante un grave ataque a las libertades fundamentales" y a la libertad de expresión. Han apuntado que abrir un procedimiento judicial por un acto político "y en un tribunal de excepción como la Audiencia Nacional no es nuevo" pero "es un escándalo político".
Han señalado que detrás de "este ataque" se encuentran la Policía Nacional y la Guardia Civil, ya que "ambos cuerpos abrieron investigación de forma conjunta", llamaron a declarar a comisaría y "decidieron por su cuenta que estos actos eran penalmente punibles, llevando el caso a la Audiencia Nacional".
Ekiza y Albizu han añadido que no están "dispuestos a callarse" porque consideran que "no es justo" y no pueden aceptar que tanto Policía Nacional como Guardia Civil y Audiencia Nacional "sigan marcando la agenda política".
Han considerado que "hoy todavía hay más razones para rechazar públicamente este sistema" y han apuntado que "es el momento de extirpar de la vida política estas prácticas antidemocráticas".
Por último, han señalado que comenzarán en los próximos días una ronda de relaciones con agentes sociales, políticos y sindicales, a quienes compartirán "la preocupación por la merma de nuestros derechos civiles y políticos".
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