Tres asociaciones judiciales piden a la UE frenar el “apagón y sumisión” del CGPJ

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la asociación de jueces y magistrados Francisco de Vitoria (AJFV) y el Foro Judicial Independiente (FJI), que representan a más de 2.500 juezas y jueces españoles (aproximadamente la mitad del total) han remitido un escrito a la vicepresidenta de la UE para Valores Y Transparencia, Vêra Jourová, y al Comisario Europeo de Didier Reynders, denunciando lo que consideran un "riesgo de violación grave" del Estado de Derecho.

Las personas firmantes alertan a Europa de la modificación de la Ley Orgánica 6/1985 del Poder Judicial que ha sido recientemente aprobada en España, mediante la cual se limitan las facultades del CGPJ que se encuentre en situación de interinidad, al haberse excedido el tiempo de mandato de 5 años estipulado por ley y no se haya renovado.

Es el caso del actual CGPJ, cuyo período de mandato terminó el 3 de diciembre de 2018, sin que desde entonces los órganos legislativos (Congreso y Senado) se hayan puesto de acuerdo en el nombramiento del nuevo consejo, y este se encuentre en una situación de bloqueo, sin poder tomar decisiones de peso, al ser ya el consejo ‘saliente’.

Las y los jueces firmantes reclaman a Europa medidas para evitar el "apagón" del CGPJ y la "sumisión" del Poder Judicial al Gobierno de turno. Con ‘apagón’ se refieren a la limitación de facultades del CGPJ, pues la modificación de la ley recoge, por ejemplo, que el CGPJ no pueda nombrar, si está en funciones, a la Presidencia del Tribunal Supremo, a las Presidencias de las Audiencias, a los Tribunales Superiores de Justicia (como la del País Vasco, que se encuentra también en stand by) y la Audiencia Nacional, a las Presidecias de Sala y las y los Magistrados del Tribunal Supremo o a las y los Magistrados del Tribunal Constitucional.

Sin acuerdo sobre la elección de vocales

Por otro lado, cuando las personas firmantes hablan de ‘sumisión’ se refieren al sistema de elección de los vocales. La Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 cambió el sistema de elección de los miembros, estableciendo que las Cortes Generales (Congreso y Senado) tendrían el poder de elegir a los 20 vocales del CGPJ. Esta ley fue avalada por el Tribunal Constitucional. Ahora bien, dicha ley matizaba que el CGPJ es un órgano de garantías y no un órgano representativo, por lo que su condición de constitucionalidad se basa en la premisa de que las vocalías no debían de ser ‘repartidas’ por los partidos políticos según su representación parlamentaria.

Ese es, precisamente, el temor que han manifestado las y los  firmantes de la misiva a los mandatarios europeos. “Después de 35 años, los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades”, escriben, a la vez que denuncian que los principales partidos políticos "se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos".

Denuncian, por lo tanto, que se encuentran en una situación de parálisis, ya que mientras el sector político no renueve el CGPJ, este no tendrá habilitadas todas sus funciones.

Por todo ello, además de comunicarles sus inquietudes, piden que insten al Gobierno de España a abordar las reformas legislativas para garantizar la independencia del Poder Judicial; que sujeten las ayudas europeas al cumplimiento del Reglamento en materia de separación de poderes y que inicie el procedimiento previsto en el Tratado de la UE en aras a constatar "el riesgo claro de violación grave por parte del Reino de España".