El Govern catalán crea un fondo de 10 millones para cubrir las fianzas del Tribunal de Cuentas

El Govern catalán ha aprobado este martes un decreto ley para crear un fondo complementario de riesgos, con una aportación inicial de 10 millones de euros, para cubrir las fianzas exigidas por el Tribunal de Cuentas decenas de cargos y excargos de la Generalitat por haber promocionado el referéndum del 1-O en el extranjero usando, supuestamente, dinero público.

En rueda de prensa, los portavoces del Govern han explicado que este fondo tiene como principal objetivo "proteger a todos los servidores públicos en el legítimo ejercicio de su cargo". Ya que, a su juicio, todas las actuaciones que el tribunal investiga se mueven entre el ejercicio del cargo, las competencias estatutarias en política exterior y la libertad de expresión. Por ello, han creado este fondo, de carácter genérico, para cubrir aquellas situaciones que no están ya cubiertas por los seguros contratados por la Generalitat.

Según han explicado, el fondo se ampara en dos preceptos: el de la indemnidad y el del crédito de dinero público. Así, para poder beneficiarse de este fondo, las personas afectadas deberán hacer una solicitud al Institut Català de Finances (el órgano que gestionará los fondos hasta que se cree uno propio) con una declaración responsable y una carta de motivos, y la Generalitat verificará que se cumplen las condiciones.

Una vez aprobada la solicitud, el Institut Català de Finances garantizará un aval con un depósito que irá a cargo de una entidad financiera, que no han querido desvelar porque ya ha habido contactos pero todavía tienen que terminar de cerrar el acuerdo, por lo que han subrayado que lo que hace la Generalitat "no es un aval directo", sino un contra aval.

De esta manera, si el procedimiento judicial o administrativo finaliza con una sentencia firme en el que se mantiene la reclamación económica, la Generalitat pedirá a los beneficiarios del fondo que devuelvan el dinero que ha puesto la administración como aval, además de intereses y los costes ocasionados.

Con esta medida, han explicado, el Govern únicamente pretende velar por proteger el derecho a la presunción de inocencia de cualquier funcionario público, y que el mecanismo que se contempla en el decreto es el mismo que se utiliza en un seguro privado.

De esta manera, preguntados por si la Generalitat podría incurrir en un posible delito de malversación, los portavoces lo han descartado, y han garantizado que el decreto tiene una "solidez jurídica impecable".