Torturas e irregularidades, protagonistas de las declaraciones de los acusados

"Sentía que me moría, me ahogaba". "Estaba rota, dolorida y humillada, solo quería desmayarme". Son palabras de Naia Zuriarrain y Saioa Agirre, quienes han relatado hoy en sede judicial las torturas a las que fueron sometidas durante el periodo de incomunicación del procesamiento del sumario 13/13, situación bajo la cual hicieron la declaración policial.

La segunda sesión del juicio por el sumario 13/13 en la Audiencia Nacional ha comenzado pasadas las 10:00 horas. Arantza Zulueta ha sido la primera en declarar, ha contestado únicamente a las preguntas de la defensa.

Zulueta ha desmentido que ella sea la persona detrás de diversos alias con los que le vincula la Guardia Civil en sus informes, "ni soy Marsel/Marcel, ni Bixer", y ha denunciado la intencionalidad y la interpretación forzada de la Guardia Civil para identificarla con dichos alias.

Ha recordado que se le está juzgando por pertenencia a organización armada por segunda vez. Zulueta ha reiterado que nunca ha pertenecido a Halboka ni a ningún aparato de ETA. Se ha referido al juicio por el que se le condenó a prisión y ha asegurado que, si en 2019 asumió la integración en ETA y si lo hizo en grado de dirigente, fue porque "entendí que era una condición para que ninguna de las personas que estaban imputadas conmigo ingresaran en prisión. Mi condena de 3 años y 8 meses fue por mis compañeros, y por entender que era un buen paso en el camino que se está haciendo en la democracia, en la paz y la convivencia" ha subrayado.

Ha negado haber escondido armas, así como haberse dedicado a captar personas para ETA, ha asegurado que en todos estos años, en todos los procesamientos a personas vinculadas con ETA, "solo hay una persona que ha declarado que Arantza Zulueta le hubiera captado para ETA, esa fue Naia Zurriarain", que lo hizo, según Zulueta, bajo torturas.

Jon Enparantza, quien también ha respondido únicamente a las preguntas de la defensa, ha denunciado estar siendo juzgado por la misma razón por segunda vez. Como hiciera Zulueta, en 2019 asumió la integración en organización armada en el marco del acuerdo alcanzado en la Audiencia Nacional "como mejor salida a la situación de las 47 personas que estaban procesadas".

Por otro lado, ha señalado que la labor de los abogados de los presos de ETA ha sido determinante en el cambio de estrategia de la izquierda abertzale, en el abandono de la violencia por parte de ETA y en el cambio de actitud de los presos.

Iker Sarriegi, como también lo han hecho Zulueta y Enparantza, ha denunciado que el registro realizado en el despacho de abogados estuvo lleno de irregularidades, tales como que se realizó sin la presencia de secretario judicial.

Declaraciones policiales bajo tortura

Naia Zuriarrain y Saioa Agirre han relatado las torturas a las que fueron sometidas durante el periodo de incomunicación en dependecias de la Guardia Civil. Respondiendo a las preguntas realizadas por sus respectivas defensas, han declarado que fueron sometidas a trato vejatorio y humillante, y fueron golpeadas e intimidadas sexualmente. Zuriarrain ha denunciado que le desnudaron a la fuerza y le hicieron la bolsa; Agirre ha contado que le obligaron a realizar ejercicio físico, mientras le realizaban tocamientos, momentos en los que aprovechaban parwa preguntar.

En ambos casos, las torturas han sido denunciadas, probadas y contrastadas tras el sometimiento al protocolo de Estambul. Ambas han declarado que fueron obligadas a aprenderse de memoria la declaración policial escrita por los agentes de la Guardia Civil, y que nada de los habían declarado era cierto.

Gran parte de las acusaciones a los encausados bajo este sumario se asientan, precisamente, en informes policiales redactados a partir de declaraciones realizadas bajo tortura, hecho que las defensas han denunciado en reiteradas ocasiones.

Un juicio sobre otro

Julen Zelarain ha querido dejar constancia de su "incredulidad" ante el hecho de estar siendo juzgado bajo este sumario.

Zelarain fue juzgado y condenado 2008 por pertenencia a ETA, más concretamente, por haber tenido responsabilidades en la gestoras pro-amnistía, consideradas parte de la estructura de la organización armada. Estuvo en prisión preventiva tres años y medio (entre 2001 y 2005), y otros seis años tras el juicio de 2008.

El acusado ha subrayado que cuando llevaba 6 años en prisión, en 2014, le comunicaron que tenía diligencias, y un auto de procesamiento. "Cómo es posible si llevo 6 años ininterrumpidos en la cárcel y cuando aún estoy dentro me quieren volver a juzgar por lo mismo?", se ha preguntado, subrayando que es una situación difícil de creer.

Según ha denunciado, en 2008 fue juzgado y condenado "por casi las mismas cuestiones que se me imputan hoy. 13 años después me encuentro en esta sala otra vez, respondiendo a las mismas preguntas, cuando he terminado mi condena hace ni un año". Ha recordado que aunque salió de prisión en 2015 su inhabilitación terminó el año pasado. "Llevo desde 2014 sin entender qué hago en este sumario", ha manifestado.

Dinero en efectivo

La última en declarar ha sido Nerea Redondo, acusada de participar en el cobro del impuesto revolucionario. Redondo ha negado que el dinero que le encargara guardar a Juan Mari Jauregi proviniera del cobro del impuesto. Ha defendido que eran los ahorros que había ido guardando durante años, y que pidió a Jauregi, persona de confianza de la familia, que le guardara el dinero por un período de tiempo, mientras estaba de vacaciones, pues temía que pudieran robárselo al estar su casa vacía por unos días.

Tras cuatro horas y media de sesión, la vista oral continuará mañana con declaraciones de los testigos de la acusación.

La Fiscalía pide penas entre siete y 19 años para cada uno de los encausados.