Los crímenes de guerra franquistas, el genocidio y las torturas no prescribirán
Unidas Podemos y PSOE han pactado dejar sin efecto parte de la Ley de Amnistía de 1977 al declarar dentro de la Ley de Memoria Democrática que los crímenes de lesa humanidad, genocidio y tortura que se cometieron durante el franquismo no gocen del amparo de la normativa de amnistía promulgada en 1977 y sobre dicha ley prevalezca el derecho internacional.
Los dos socios de coalición han pactado el contenido de una treintena de enmiendas al articulado del proyecto de ley de Memoria Democrática y estipulan que los crímenes de guerra, lesa humanidad, genocidio y torturas no prescriben.
En una rueda de prensa en el Congreso, el diputado de Unidas Podemos Enrique Santiago ha celebrado el acuerdo alcanzado para que la ley de amnistía "no pueda ser utilizada como una excusa para no perseguir" este tipo de crímenes.
Además, las formaciones han acordado que el Valle de los Caídos vuelva a la denominación original de Cuelgamuros y que las víctimas de la dictadura tengan derecho al resarcimiento de los bienes incautados, así como de las sanciones económicas impuestas por el régimen de Francisco Franco.
Otro punto que recogen las enmiendas es la ampliación del censo de víctimas del franquismo para incorporar a las personas supervivientes, en reivindicación de los colectivos memorialistas, a las víctimas de la Transición (de 1978 a 1982).
Por otro lado, según han explicado desde el espacio confederal, se suprimen los títulos nobiliarios concedidos a 33 personalidades del régimen franquista, como los ducados de Primo de Rivera, Calvo Sotelo o Queipo de Llano.
De esta forma, PSOE y Unidas Podemos estipulan que debe aplicarse el derecho internacional vigente en materia de delitos de lesa humanidad y demandan que el fiscal de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática aborde la investigación de los hechos que tuvieron lugar con ocasión del "golpe de estado, la guerra y la dictadura".
En materia educativa, se garantiza el "derecho a la investigación histórica de los crímenes del franquismo" frente a posibles alegaciones sobre el derecho al honor de personas ya fallecidas que hubieran participado en los mismos y se añade una referencia a la necesidad de introducir estos contenidos en los libros de texto y materiales curriculares.
Lograr, al menos, una verdad judicial
Santiago ha admitido que por el tiempo trascurrido desde estos crímenes el efecto en materia de Justicia no "va a ser muy importante" ya que la responsabilidad penal acaba con la muerte y muchos responsables han fallecido, pero sí se podrá alcanzar una "verdad judicial" que tiene en sí misma "un efecto reparador" para las víctimas, que ante violaciones de derechos humanos comprueban que no hay víctimas de primera y segunda categoría.
"No se trata de juzgar a servidores públicos de la dictadura, sino a aquellos que cometieron estos crímenes que no son amnistiables", ha explicado Santiago, que ha aludido a personas que hayan cometido delitos de tortura, o en el caso de ministros del franquismo, aquellos con una actuación "directa" con "daños o lesiones".
El secretario de Estado ha puntualizado que se trata de una interpretación de la Ley de Amnistía de 1977 y no de una derogación ya que dicha norma conllevó otros aspectos que no podrían anularse como el reconocimiento de cotizaciones sociales.
Unidas Podemos buscará ahora lograr el apoyo de otros grupos y cree que conseguirá el respaldo de ERC y PNV porque no les cabe la cabeza que no haya acuerdo con quienes también sufrieron de forma directa la represión.
La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno español, Isabel Rodríguez, ha señalado que la ley de Memoria Democrática es "muy importante que salga adelante con consenso" en el tramite parlamentario y ha pedido a las fuerzas políticas que "se avengan a posiciones de consenso para poderla sacar adelante".
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