El Gobierno Vasco reconoce como víctima a Mikel Zabalza

El Departamento de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco ha reconocido como víctima de la violencia de motivación política a Mikel Zabalza, detenido por la Guardia Civil en 1985 y hallado muerto en el río Bidasoa tras estar "desaparecido" durante nueve días.

La Comisión de Valoración considera debidamente cumplidos los requisitos de la ley de reconocimiento y reparación de víctimas de motivación política entre 1978 y 1999. En un dictamen demoledor en el que se analizan numerosos documentos del momento de los hechos, así como los procedimientos judiciales e institucionales de las siguientes décadas, da por acreditadas las "graves torturas y tratos humanos y degradantes" y descarta que pudiera morir accidentalmente en el Bidasoa.

Un acto organizado por el Gobierno Vasco, con la presencia de la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal; la consejera de Relaciones Ciudadanas del Gobierno de Navarra, Ana Ollo; familiares de Mikel Zabalza, y miembros de la asociación de memoria Mikel Gogoan, servirá como reconocimiento mañana, domingo, en Orbaizeta (Navarra), junto a su casa familiar.

La comisión explica que "existen fuertes presunciones de hecho de que Mikel Zabalza fue detenido y sometido a tortura, penas y tratos crueles, inhumanos o degradantes que le pudieron llevar a la muerte". La versión de la Guardia Civil, que informó de que huyó después de haber sido detenido, no es "en modo alguno plausible". La comisión dictamina que "la hipótesis de la huida repentina de Mikel Zabalza" es "muy improbable, por no decir simplemente increíble a la luz de los datos disponibles".

Además, el dictamen asegura que la investigación (sobre todo la inicial, hasta 1988) fue "superficial" y "no exhaustiva". Las numerosas contradicciones entre la versión policial y la de los testigos, así como las contradictorias declaraciones públicas de los responsables políticos y policiales y otros aspectos inverosímiles del relato policial, demandaban "un despliegue más profuso de diligencias" para poder esclarecer los hechos.

Desde la primera demanda de la familia en 1985, el proceso judicial ha vivido varias etapas. En 1988, la Audiencia Provincial de San Sebastián archivó provisionalmente el caso, reabierto en 1995 tras varias informaciones aparecidas en El Mundo. Sin embargo, fue sobreseído provisionalmente en 2010, a pesar de la conversación entre un capitán de la Guardia Civil y el director del CESID, en el que se apunta a la muerte violenta por torturas. "Se les ha ido la mano", dijeron. En el último auto judicial se admiten tres hipótesis: la sumersión en el Bidasoa, la sumersión en un medio líquido distinto y la asfixia violenta.

La primera hipótesis, que Mikel se hubiera ahogado accidentalmente en el río, es "altamente improbable (incluso, prácticamente descartable)", pues no presentaba lesiones compatibles. Las otras dos hipótesis apuntan a "una etiología médico legal homicida en una persona privada de libertad sometida a torturas amenazantes para la vida", entre las que se detallan métodos como asfixia por "bolsa". Son las versiones más "ajustadas y compatibles".

La información aportada en el expediente es "extensa, rigurosa y detallada", y el relato de los hechos es muy preciso. Todos los detenidos en la misma operación quedaron en libertad sin cargos, excepto Zabalza, que murió estando bajo custodia policial.

Reconocimiento tardío

La propia comisión reconoce que el reconocimiento oficial llega "tarde" para la familia, que merece su derecho a la verdad, y también tiene un apartado especial dedicado a ella. La madre de Mikel, cuando pidió información sobre su hijo detenido y entonces desaparecido, recibió "un trato inhumano y degradante" de "especial bajeza moral". Un guardia civil le contestó que buscara en "objetos perdidos".

Ahora, casi 40 años después, la comisión deja "suficientemente acreditados" los fatales hechos y la implicación de los agentes de la Guardia Civil, e insta a las instituciones vascas a que se dirijan al Estado para actuar en reconocimiento oficial de Zabalza, "habida cuenta de la responsabilidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad del mismo".