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La Comisión sobre víctimas de abusos reconoce 46 casos en el último año

Entre las vulneraciones de derechos, las más numerosas han sido reconocidas por tortura o maltrato grave, en 28 de ellas, aunque también hay reconocidas por fallecimiento y lesiones graves. La Comisión atribuye la mayoría de las vulneraciones a la Guardia Civil y Policía Nacional.
La comisión, reunida en el Parlamento Vasco
La comisión, reunida en el Parlamento Vasco

La Comisión de Valoración creada a partir de la ley de reconocimiento a víctimas de motivación política ha reconocido en el último año 46 víctimas de vulneraciones de derechos humanos

En una comparecencia hecha hoy en el Parlamento Vasco, en el marco de la Comisión de Derechos Humanos, Igualdad y Justicia, la citada comisión ha presentado el informe anual, que corresponde a toda su actividad entre julio de 2021 y junio del presente año. 

En total, la comisión ha resuelto 573 expedientes, de casos que han sido admitidos a trámite, y ha inadmitido 523, 473 han sido planteadas por miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y 50 por personas que sufrieron violencia de motivación política por parte de ETA o de elementos de su entorno (no lo contempla esa ley). 

Entre las vulneraciones de derechos, las más numerosas han sido reconocidas por tortura o maltrato grave, en 28 de ellas. Por detrás de ellas, se encuentran seis fallecimientos, cinco casos por lesiones de bala, cuatro de lesiones con pelota de goma, dos casos de lesiones graves por agresión y una por vulneración a la integridad moral-psíquica. 

La comisión ha atribuido las vulneraciones a Guardia Civil (18), Policía Nacional (15), a los dos cuerpos en detenciones distintas (4) y a la Ertzaintza, un caso. Asimismo, ha dado como probado que una de ellas fue realizada por Fuerza Nueva, dos al grupo Triple A, otras dos al Batallón Vasco Español (ATE-BVE), uno a Guerrilleros de Cristo Rey y 2 quedan sin precisar.

Además, la gran mayoría de las vulneraciones se produjeron en la década de los '70, con 28 casos, en la década anterior han reconocido nueve casos, ocho entre 1981 y 1990 y, el más reciente, en 1997, con un caso.

En algunos casos, dice la comisión en su informe, los miembros de la familia se convierten también en víctimas de los ataques a viviendas o negocios familiares, y por abusos producidos durante las detenciones, pero estos casos no han sido contabilizados.

"En la mayor parte de los casos, la actitud de las instituciones ha sido colaborativa, si bien, no siempre ha resultado posible obtener la información solicitada, en unos casos por el mucho tiempo transcurrido y en otros por falta de fluidez o claridad en la respuesta a la petición cursada. Constatamos como especialmente obstativa la actitud de los archivos militares de los que no hemos podido obtener ninguna documentación de las peticiones cursadas hasta la fecha", ha denunciado la comisión.

Así, los y las integrantes del grupo han hecho "una llamada a la colaboración de todas las entidades, pues el tiempo corre en contra de muchas de las personas solicitantes".

Recomendaciones y peticiones de la Comisión

La Comisión ha opinado que es de urgencia que se realicen los cambios legales oportunos para que se suplan las "carencias de la ley respecto a las indemnizaciones". Según han denunciado, a día de hoy se producen "flagrantes injusticias en casos de gravísimas violaciones de derechos humanos que, o bien no pueden ser indemnizados, o bien obligan a una indemnización irrisoria, indigna de tal nombre".

En particular, el grupo pide "derogar la imposibilidad de indemnizar en casos de malos tratos y torturas y enriquecer y flexibilizar las posibilidades indemnizatorias en supuestos de lesiones sean estas permanentes o no".

La Comisión del Parlamento Vasco, asimismo, ha hecho especial hincapié, como ya hizo en otros informes, en la importancia "del valor simbólico de las medidas de reparación y las consecuencias que se derivan para el derecho a la verdad y la construcción de la memoria colectiva".

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