La familia Zabalza cierra "muchos años de oscuridad", aunque aún espera la "verdad y justicia"

La familia de Mikel Zabalza, hallado muerto en 1985 tras ser detenido por la Guardia Civil, ha valorado su reconocimiento como víctima de abusos policiales por ser "un avance" que hasta hace poco no imaginaban y porque da luz a "muchos años de oscuridad" con su reparación, aunque aún esperan "verdad y justicia".

Lo han dicho Idoia y Lourdes Zabalza, hermanas de Mikel a las que el Gobierno Vasco ha dado el protagonismo del acto de homenaje ofrecido este domingo en la casa familiar de Orbaizeta tras reconocerle como víctima por la ley vasca de abusos policiales.

Hace 36 años de aquellos hechos pero aún es nítido el recuerdo de los familiares, que los vivieron "sumidos en un gran estupor y desconcierto, agravado por las informaciones contradictorias, sobrecogidos por la reacción social y el clamor exigiendo su aparición, desolados cuando su cuerpo apareció a orillas del Bidasoa e indignados e impotentes ante cada mentira" sobre lo ocurrido.

Han lamentado el archivo judicial de sus intentos por esclarecer la muerte, por lo que no han podido demostrar que murió "por causa de las torturas infligidas en el cuartel de Intxaurrondo", a pesar de los indicios recabados, de testimonios de otros detenidos y de investigaciones periodísticas que "relataban unos hechos muy distantes de los expuestos en la versión oficial".

"Tampoco sabemos si algún día lo conseguiremos", han reconocido con impotencia las hermanas, quienes han considerado que "todas las víctimas de vulneración de derechos humanos tienen derecho a la verdad, justicia y reparación", tres conceptos interrelacionados.

"Hoy se le ha reconocido a Mikel la condición de víctima y se ha resuelto su reparación", un "avance" inimaginable para ellas hasta hace poco tiempo y que "le devuelve en gran parte la dignidad que le robaron junto con su vida".

Sin embargo, han lamentado que se ha llegado a este tercer principio, el de la reparación, "dejando atrás los dos anteriores -la verdad y la justicia-, pero eso no significa que renunciemos a ellos, sobre todo al primero, porque no hay nada que repare más que conocer la verdad. Así pues, todavía teneos un arduo camino por delante", han emplazado ante los presentes, entre ellos la consejera vasca de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, y la navarra de Relaciones Ciudadanas, Ana Ollo.

Ante ellas, Idoia y Lourdes Zabalza han expresado los "muchos años de oscuridad" vividos por la familia, aunque "respaldados por la solidaridad de nuestros vecinos, de las instituciones de Orbaizeta y del Valle de Aezkoa y especialmente de la iniciativa 'Mikel Gogoan' y por gran parte de la sociedad", a quienes han dado las gracias.

También han valorado que en los últimos años han tenido el reconocimiento de las instituciones, tanto navarras como de la Comunidad Autónoma Vasca, y han apreciado la "unanimidad de toda la clase política" en la exigencia de esclarecimiento del caso, "lo que ha significado un gran respaldo para nosotros".

En este acto, las hermanas de Mikel Zabalza han hecho el reconocimiento "extensible a todos los que sufrieron torturas", conscientes de que su caso "no fue una anormalidad" y que "lo único singular fue el resultado", al entender que "la tortura no ha sido algo excepcional sino por el contrario una práctica generalizada y bien organizada, urdida en las altas instancias y que ha dejado miles de víctimas en nuestra sociedad".

"Su muerte, su verdad, exige llegar hasta el final"

La consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, Beatriz Artolazabal ha entregado la resolución a la familia, acompañada por el viceconsejero de Derechos Humanos, Memoria y Cooperación, José Antonio Rodríguez Ranz, y su directora, Monika Hernando.

"Hoy es un día muy especial", ha señalado la consejera vasca, "porque damos un significativo paso en el camino de la verdad de Mikel Zabalza".

Hoy, ha continuado, "en nombre de la verdad, proclamamos a los cuatro vientos, como cita literalmente el dictamen, que han quedado suficientemente acreditados tanto los hechos ocurridos entre el 26 de noviembre y el 15 de diciembre de 1985, como la implicación en los mismos de los agentes del Estado-Guardia Civil".

Ha reiterado que "todas las víctimas de la violencia y de vulneraciones de derechos son víctimas de primera. Todas fueron víctimas de una violencia injusta".

"Hoy, aquí, desde Orbaizeta exigimos que se haga efectivo su derecho a la justicia. Su muerte, su verdad, exige llegar hasta el final. Exige ir más allá de la verdad judicial vigente hoy", ha reclamado.

En este sentido, ha estimado que deben reactivarse todas las vías para el total esclarecimiento de los hechos, "y, en su caso, el reconocimiento, la autocrítica y la asunción de responsabilidades por parte del Estado".

En la misma línea se ha pronunciado la presidenta de la comisión, Juana Balmaseda, quien ha destacado el trabajo "riguroso" y con "base legal" que se ha realizado y ha puesto en valor la unanimidad en las conclusiones. "Todos los miembros tienen claro lo que pone el dictamen, no hay duda", ha remarcado al respecto.