El TSJPV ordena proteger el cuartel militar de Loiola e impide su demolición

El Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) ha estimado parcialmente un recurso de Vox y ha ordenado la inclusión de los cuarteles de Loiola como edificios protegidos en el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (PEPPUC), lo que impediría su demolición.

Esta resolución, a la que ha tenido acceso EFE, echa por tierra los planes de Ayuntamiento de San Sebastián, que después de años de negociaciones estaba a punto de cerrar la adquisición de las 20 hectáreas en las que se asienta el cuartel militar, donde proyectaba un desarrollo urbano de entre 1.600 y 2.000 viviendas.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal vasco ha estimado parcialmente un recurso de Vox contra el acuerdo municipal del 25 de marzo de 2021, en el que se aprobó definitivamente la revisión del PEPPUC, en el que no se incluyeron los cuarteles.

Vox consideró en su recurso que el conjunto arquitectónico del acuartelamiento reúne los requisitos establecidos por el propio PEPPUC para ser protegidos y aportó dos informes de profesionales de la arquitectura para demostrarlo.

En estos informes se cita que el Gobierno Vasco incluyó en su día a los cuarteles de Loiola en el inventario provisional del patrimonio histórico arquitectónico y la Diputación de Gipuzkoa también estimó su valor cultural y apostó por su conservación en un documento del año 2009.

Tras estudiar estos informes y las alegaciones del Ayuntamiento, el tribunal sostiene que los cuarteles "cumplen los criterios sentados en el PEPPUC para ser protegidos, si bien no en la forma reclamada en el escrito rector de demanda", que pedía el máximo grado de protección.

Esta resolución significa un duro varapalo para el proyecto de desarrollo urbanístico más importante de la ciudad, que se remonta a la época del socialista Odón Elorza como alcalde, quien reclamó en repetidas ocasiones, incluso a ministros de Defensa de su propio partido, la cesión de los terrenos.

En los últimos meses, el Gobierno español se había abierto a negociar la venta de esta parcela de unas 20 hectáreas, hasta el punto de que el alcalde actual, Eneko Goia (PNV), habló el pasado mes de que faltaban "varios detalles", de carácter económico, tributario y jurídico, entre otros, para cerrar el acuerdo.

La sentencia puede ser recurrida en casación ante la Sala de lo contencioso administrativo el Tribunal Supremo y ante la propia sala del TSJPV.