Desapariciones forzadas, crímenes de Estado amparadas por la impunidad

El próximo martes 30 de agosto se conmemora el Día Internacional de las Víctimas de las Desapariciones Forzadas, un crimen de lesa humanidad que consiste en la privación ilegal y por tiempo indefinido de la libertad de los individuos por parte de agentes del Estado o que actúan con el beneplácito de las autoridades, generalmente ligado a la tortura y al asesinato extrajudicial, con el sufrimiento añadido a los allegados de las víctimas, que probablemente jamás conocerán el paradero de sus seres queridos. Es un delito de derecho internacional.

Países de todos los rincones del planeta han sido acusados de estas prácticas por organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, que reivindican la gravedad de estos crímenes y denuncian la impunidad de sus agresores, quienes rara vez acaban respondiendo ante la Justicia.

En Euskal Herria, el año pasado el Foro Social Permanente reclamaba "verdad, justicia y reconocimiento" para estas víctimas con motivo del Día Internacional. "Esta estrategia, que infunde el terror en la ciudadanía, se ha usado al menos en 14 ocasiones" denunciaba y "siete víctimas siguen desaparecidas".

Un año antes, en febrero de 2020 la familia de 'Naparra' era recibida por el Grupo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU en Ginebra, para reabrir el caso. Precisamente, el 2013 el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU hacía público el resultado del examen sobre el cumplimiento por parte de España de la Convención Internacional sobre las Desapariciones Forzadas en el que instaba al Gobierno a que busque a los desaparecidos del franquismo. El grupo de trabajo concluyó que el Estado debería asumir la tarea de esclarecer las más de 114 000 desapariciones forzosas que se produjeron en España durante la guerra civil y la dictadura franquista y consideró "lamentable" que esos delitos siguiesen impunes.

Informe de los casos más destacados de los últimos años en el mundo

Este año, en la conmemoración de este día, Amnistía ha recopilado en un informe los casos más destacado de los últimos años, comenzando por uno que ha vuelto a adquirir especial relevancia en las últimas semanas: la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa (México) en 2014, considerada finalmente como un "crimen de estado" que ha desembocado en la detención de decenas de personas, entre ellas el ex fiscal general Jesús Murillo Karam por "los delitos de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia".

Además de México, en Latinoamérica destacan los casos de la desaparición y muerte de Facundo Astudillo Castro en Argentina, cuyo cadáver fue hallado 107 días después de que su desaparición se denunciara a finales de abril de 2020 y los 775 casos de desapariciones forzadas recogidas hasta mayo de 2021 en la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de Colombia.

En Perú figuran 12 984 mujeres desaparecidas y en Honduras, también sigue sin conocerse el paradero de cuatro miembros de la comunidad indígena garífuna pertenecientes a la Organización Fraternal Negra Hondureña (OFRANEH), que habían sido objeto de desaparición forzada en julio de 2020.

En Europa, destaca el conflicto de los Balcanes, que sigue dejando heridas sin cerrar. Más de 1.600 personas siguen en paradero desconocido desde el conflicto entre Serbia y Kosovo entre 1998 y 1999. En lo que respecta a España, la ONG recuerda que expertos de Naciones Unidas ha recomendado al Gobierno y al Congreso que refuercen algunos aspectos de un proyecto de ley presentado el año pasado para garantizar el derecho a verdad, justicia y reparación de las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo.

Por su parte, dicho informe acusa a las autoridades de Ucrania de las desapariciones de decenas de personas en el Donbás, desde el 2014 hasta el 2016.

En Asia, Amnistía Internacional aprovecha el reciente aniversario de la conquista talibán de Afganistán para recordar que el movimiento fundamentalista ha dedicado estos últimos 12 meses a purgar a antiguos funcionarios del Gobierno derrocado, rivales ideológicos o disidentes políticos, ejemplificados en el caso de la directora de la prisión de mujeres de Herat, Alia Azizi, en paradero desconocido desde octubre de 2021.

Amnistía también denuncia las desapariciones de miembros de la minoría uigur en los "campos de reeducación" de China o el caso del presidente iraní, Ebrahim Raisi, que ha llegado al poder sin que haya sido investigado por crímenes de lesa humanidad relacionados con la desaparición de miles de disidentes políticos en 1988, cuando era jefe de la Judicatura.

La ONG tampoco se olvida de casos como los desaparecidos en Birmania tras el golpe de Estado de febrero del año pasado, o las desapariciones efectuadas tanto por el Gobierno yemení como por la insurgencia huthi durante la larga y catastrófica guerra que lleva asolando al país desde 2015.

En el continente africano destaca Libia, uno de los epicentros de la crisis migratoria mundial. "Tanto los actores estatales como los no estatales continúan cometiendo innumerables violaciones de derechos humanos contra refugiados y migrantes", asegura la ONG. Durante 2021 los buques libios interceptaron y devolvieron a 32 425 personas refugiadas y migrantes, "muchos de los cuales fueron sometidos a desapariciones forzadas tras su desembarco".

Destacan también Burundi, donde hay más de 250 casos abiertos ante el Grupo de Trabajo de la ONU sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias y los cientos de casos de Eritrea. En Kenia, durante el año 2021, la Policía sometió a desaparición forzada a 33 personas. Mozambique, Egipto, Níger, Uganda o Nigeria forman parte de la lista africana de Amnistía, que resalta no obstante el caso positivo de Sudán, cuyo Gobierno ratificó recientemente la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

La ONG dedica también sus correspondientes apartados a Estados Unidos y Rusia. De las autoridades estadounidenses, Amnistía recuerda que hasta ahora nadie ha comparecido ante la justicia por el sistema de centros de detención secreta gestionado por la CIA durante la "guerra contra el terror".

Sobre Rusia, Amnistía denuncia nuevos informes de desapariciones forzadas, particularmente en Chechenia, donde sigue sin conocerse la suerte y el paradero de Salman Tepsurkayev, moderador del canal 1ADAT de Telegram y crítico con las autoridades.