El Tribunal Constitucional retoma el Pleno para decidir si admite el recurso del PP
El pleno del Tribunal Constitucional para decidir si se admite el recurso del PP en el que pide frenar de forma cautelarísima los cambios en el CGPJ y el propio TC que se pretenden aprobar este jueves en el Senado, ha sido suspendido hasta las 17:00 horas. Los once magistrados ya han retomado el pleno.
La sesión ha comenzado a las 10:10 horas, y tras más de cuatro horas y media, solo han resuelto que sea el Pleno quien aborde este asunto.
Fuentes jurídicas han informado de que el pleno del tribunal de garantías debe resolver primero sobre las recusaciones de su presidente, Pedro González-Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez por ser afectados directamente por la ley, dado que implicaría su salida del tribunal.
El presidente del grupo parlamentario de Unidas Podemos, Jaume Asens, ha solicitado apartar al presidente del Tribunal Constitucional (TC), Pedro González-Trevijano, y al magistrado Antonio Narváez, de la deliberación del recurso del PP donde se pide paralizar la tramitación parlamentaria de la reforma sobre el propio TC, al considerar que tienen un conflicto de interés porque, de aprobarse dicha reforma, serían sustituidos por los nuevos magistrados nombrados por el Gobierno.
González-Trevijano y Narvaéz son dos de los cuatro magistrados del TC cuyo mandato expiró el pasado 12 de junio. Ellos dos fueron los nombrados en su día por el Gobierno de Mariano Rajoy, mientras que los otros dos que continúan en funciones —el vicepresidente, Antonio Xiol, y Santiago Martínez-Vares— fueron designados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
La reunión servirá para decidir si admite a trámite el recurso que ha presentado el PP para paralizar de forma cautelarísima la tramitación de las enmiendas parciales a la proposición de ley que deroga el delito de sedición, por las que se modifica el Poder Judicial.
Según ha informado el tribunal de garantías, este miércoles ha ingresado en el registro de la corte el recurso de amparo que presentó el grupo del PP en el Congreso. La ponencia del asunto ha recaído sobre el magistrado Enrique Arnaldo.
El recurso de los diputados del PP se dirige contra el acuerdo de la Mesa de la Comisión de Justicia de este lunes por el que se admitieron las enmiendas parciales planteadas por el PSOE y Unidas Podemos en el marco de la proposición de ley por la que se deroga el delito de sedición.
En dichas enmiendas, los grupos del Gobierno de España proponen pasar de una mayoría de tres quintos —que ahora requiere al menos 11 votos— a una simple para que el CGPJ designe a sus dos candidatos al TC y que, en caso de que el órgano siga incumpliendo su obligación de enviar dos aspirantes, se puedan exigir a sus vocales responsabilidades penales. El órgano de gobierno del Poder Judicial lleva sin renovarse cuatro años.
Además, dicha enmienda contempla que, en lugar de que cada uno de los 18 vocales proponga y vote a dos candidatos, proponga y vote solo a uno, lo que garantizaría que los dos más votados sean los aspirantes elegidos por cada bloque del Consejo (el progresista y el conservador).
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado que el tribunal de garantías se pronuncie antes del pleno de este jueves, que debatirá sobre la proposición de ley. Gamarra asegura que se quiere "introducir por la puerta de atrás la modificación de dos leyes orgánicas para controlar el TC", la ley del Poder Judicial y la del Tribunal Constitucional.
Sin precedentes
El Constitucional nunca ha paralizado un proceso legislativo en marcha por un recurso de amparo presentado por un partido, como ahora pretende el PP.
Según fuentes jurídicas citadas por EFE, "no existe ningún precedente en 40 años" en que se haya paralizado una tramitación legislativa de una norma por la interposición de un recurso de amparo a instancias de un grupo parlamentario. Las fuentes explican que se puede pedir amparo por una cuestión de trámite parlamentario, como los acuerdos de la Mesa, pero "no existe precedente alguno de que ese amparo paralice la tramitación parlamentaria".
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