Las reformas judiciales deben pasar por consultas previas con las partes interesadas, considera la CE

La Comisión Europea considera que las reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro deben pasar siempre por consultas previas con las partes interesadas, incluido el poder judicial, y espera que el Estado español cumpla con los estándares europeos. Así, según ha dicho en rueda de prensa el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, el Ejecutivo comunitario sigue "muy atentamente" la situación, y está al corriente de la decisión del Tribunal Constitucional de suspender la tramitación en el Senado de la reforma, aprobada en el Congreso, que supondría su propia renovación, además de la del Consejo General del Poder Judicial.

En este contexto, Wigand ha evitado valorar el fondo de la reforma, porque Bruselas no hace comentarios sobre propuestas legislativas hasta que son adoptadas definitivamente como ley, pero sí ha apuntado que los servicios comunitarios esperan que "las autoridades nacionales y que todos los actores nacionales actúen de acuerdo a las reglas y procedimientos nacionales".

Fuentes comunitarias añaden que, a ojos del Ejecutivo comunitario, "cuando se trata de reformas de los sistemas judiciales en los Estados miembro, siempre hemos sostenido que es importante que se consulte a las partes interesadas pertinentes, incluidos, según corresponda, el poder judicial y los consejos judiciales".

Las fuentes se refieren, así, a los estándares europeos, que abogan por que, antes de que una reforma de calado en el ámbito judicial sea presentada, existan consultas "previas", con actores como el CGPJ, los fiscales y jueces, o el Consejo de Europa, a través de su Comisión de Venecia.

En el caso del Estado español, añaden las fuentes, le corresponde al Tribunal Constitucional dirimir sobre cualquier "duda o queja", al respecto del modo en que se lleva al cabo el proceso de reforma, y a las autoridades nacionales cumplir las normas establecidas.

Ya la pasada semana, el Ejecutivo comunitario apuntó que examinará las reformas en el Estado español en el marco de su evaluación anual del Estado de derecho en todos los Estados miembro; es un análisis de la salud democrática en cada país, que habitualmente publica a inicios de verano.