El TS confirma las principales penas por corrupción impuestas a Alfredo de Miguel y el resto de condenados

El Tribunal Supremo (TS) ha ratificado este martes las principales condenas impuestas a los tres exdirigentes del PNV en Álava por corrupción en relación con el caso De Miguel, el mayor proceso por corrupción juzgado en Euskadi. La sentencia del alto tribunal, ya firme, llega tres años después de que se hiciera público el auto de la Audiencia Provincial de Álava y responde a los recursos presentados por algunos de los condenados.

La audiencia provincial condenó a los tres encausados —Alfredo de Miguel, Koldo Ochandiano y Aitor Telleria— a penas de entre 13 y 6 años de cárcel, si bien estableció un máximo de cumplimiento efectivo de cárcel de entre 9-6 años. El Supremo ha avalado las tesis de la Audiencia de Álava, si bien ha reducido ligeramente las penas. Ninguno de los principales acusados evitará, por tanto, su entrada en prisión.

El que fuera 'número dos" del PNV en Álava y diputado foral, Alfredo de Miguel, ha sido condenado, además de penas de inhabilitación y multa, a 12 años y 4 meses —en primera instancia la condena fue de 13 años y 3 meses— por los delitos como asociación ilícita, cohecho pasivo, prevaricación y malversación. El Supremo le absuelve del delito de tráfico de influencias. Tal como estableció la Audiencia de Álava, el cumplimiento máximo de tiempo efectivo en prisión será de 9 años.

Para el también jeltzale Koldo Ochandiano, el Supremo mantiene la pena de 7 años y 6 meses, que quedan limitados a 6 años y 9 meses de cumplimiento efectivo. El exdirigente del PNV alavés, Aitor Telleria, por su parte, sí que ha visto reducida ligeramente su condena, ya que pasa de 6 años y 6 meses a 5 años y un mes de prisión. Los tres integrantes de la ejecutiva alavesa han sido condenados por los delitos de tráfico de influencias, inducción o cooperación a la prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El Supremo también ha confirmado la pena impuesta al exdirector de Juventud del Gobierno Vasco, Javier Sánchez Robles, que se mantiene en 7 años y un mes de cárcel. El TS le considera cooperador de un delito continuado de prevaricación, así como autor de un delito de integración activa en una asociación ilícita y autor de los delitos continuados de tráfico de influencias, malversación de fondos públicos y falsedad documental.

Por su parte, Julián Andrés Sánchez Alegría, quien fuera presidente de los Parques Tecnológicos, ha sido absuelto de todos los cargos por falta de prueba.

Trama corrupta

En una sentencia de 344 páginas, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo considera probado que los tres principales acusados (De Miguel, Ochandiano y Telleria), "prevaliéndose de su capacidad de influencia política como miembros de la ejecutiva alavesa del Partido Nacionalista Vasco y de su compañerismo político con personalidades que ocupaban puestos de relevancia en la administración autonómica y municipal, se concertaron para favorecer que determinados organismos de la administración adjudicaran contratos de obras o de servicios a empresarios que estuvieran dispuestos a pagarles una comisión".

La sentencia explica que para encubrir el cobro de estas comisiones, los acusados constituyeron varias sociedades (Kataia Consulting SL, Errexal SL o Ortzi Muga SL) que facturaban servicios ficticios a los empresarios beneficiados. Dichas sociedades se constituyeron bajo la titularidad de testaferros (en dos casos, a nombre de las esposas de De Miguel y Ochandiano) para evitar que se les relacionara con ellas, según el Supremo.

La sentencia también condena a los tres políticos vascos por influir en que algunos de los contratos administrativos fueran directamente adjudicados a sus sociedades, logrando así mejores beneficios, particularmente en algunos supuestos en los que lograron que la Administración les abonara unos trabajos que no realizaron nunca.