Viaje a Extremadura para tratar de identificar a las 71 personas exhumadas en Orduña

Beatriz Artolazabal, consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales del Gobierno Vasco, ha encabezado hoy en Castuera, Badajoz, la delegación del Gobierno Vasco desplazada a Extremadura para tratar de identificar los restos exhumados pertenecientes a 71 personas ya recuperados en las dos campañas de excavación realizadas en junio de 2014 y diciembre de 2022 en el cementerio de Orduña.

Así, la consejera ha presentado ante los medios de comunicación, asociaciones de memoria histórica y familiares de presos fallecidos en la prisión de Orduña (de la Guerra Civil y primera postguerra) los trabajos de exhumación realizados en el cementerio del municipio vizcaíno y tratar así de localizar a posibles familiares, ocho décadas después.

La mayoría de los presos trasladados desde la localidad extremeña al penal de Orduña eran agricultores que sufrieron la represión fascista. En memoria de estas personas, así como de otros luchadores por la libertad, la consejera ha dicho que tanto ellos como sus familias tienen "derecho a que sus restos sean localizados, exhumados e identificados; derecho a honrarles, a llorarles, a depositar una flor en su tumba".

La consejera ha recordado que de los 3981 presos que están registrados estuvieron en la prisión de Orduña entre 1937 y 1941, 2035 eran extremeños. Además, muchos de ellos habían pasado antes por el campo de concentración de Castuera, de ahí que la delegación vasca se haya desplazado a esta localidad de Badajoz.

"Más de 2000 personas fueron desplazadas en trenes a más de 700 km de distancia, para aislarlos y castigarlos doblemente, a ellos y a sus familias. Al castigo de una brutal represión se unió la crueldad del desarraigo. Y algunos de ellos nunca volvieron. Murieron por las inhumanas condiciones que en Orduña hubieron de soportar: frío, hambre, hacinamiento, enfermedad", ha lamentado Beatriz Artolazabal.

Por la documentación histórica existente se conoce que, de los 225 prisioneros fallecidos en la prisión de Orduña, más de la mitad (127) eran de origen extremeño (125 de Badajoz y 2 de Cáceres), y que 87 de ellos trasladados desde el penal de Castuera.

A estos presos extremeños muertos se unieron 41 castellano-manchegos (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete), 22 trasladados desde la prisión de Málaga, 7 de Tarragona y los 28 restantes eran naturales de otras provincias del Estado.

Gogora, el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, como responsable de coordinar los trabajos de identificación de las víctimas, ha logrado contactar hasta la fecha con 41 familias de víctimas de la prisión vizcaína, con las que ya ha gestionado la toma de muestras de ADN.

La delegación vasca se ha desplazado a Castuera para hacer desde allí un llamamiento a familiares de personas presas fallecidas en la prisión de Orduña para que se pongan en contacto y se informen sobre el proceso de identificación. Lo pueden hacer llamando o escribiendo a 944 032 845 / gogora@euskadi.eus.

El objetivo es llegar a contactar con el mayor número de familiares posibles que puedan donar ADN para llevar a cabo la identificación genética de los restos.