El Gobierno Vasco irá al TC por la "imposición" del Estado de una plataforma de gestión de los fondos Next
El Gobierno Vasco ha decidido, en su reunión del consejo de gobierno de hoy, interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la decisión del Estado español "de imponer a Euskadi" el uso de una herramienta informática de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) para la tramitación de subvenciones y contratos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), enmarcado dentro de los fondos europeos Next Generation.
Según ha explicado el portavoz del Ejecutivo vasco, Bingen Zupiria, los servicios jurídicos han considerado que esa decisión, tomada sin previo aviso, vulnera las competencias vascas, ya que Euskadi tiene la facultad y capacidad técnica para desarrollar su propia herramienta y así "se debería reconocer". En todo caso, Euskadi podría optar voluntariamente por utilizar la estatal, a través de un convenio con la Agencia Tributaria.
Si bien la decisión es acudir al Tribunal Constitucional (TC), el Gobierno Vasco ha instado a Madrid a abrir previamente una negociación en la Comisión Bilateral correspondiente. Además, el Gobierno Vasco ha aprobado remitir un requerimiento de incompetencia al Estado para que este diga si se considera o no competente para obligar al uso de dicha herramienta. Según su respuesta, el ejecutivo de Iñigo Urkullu considera que tendría vía libre para presentar su recurso de inconstitucionalidad.
La herramienta informática en cuestión —denominada Minerva—, han aclarado, "evalúa de forma automatizada el riesgo de posibles conflictos de interés" que cargos y personal empleado públicos vascos pudieran tener con las personas solicitantes de ayudas en el reparto de estos fondos europeos. Tal es así, que incluso los miembros del Gobierno Vasco "están sujetos al escrutinio de la plataforma a la hora de conceder subvenciones directas".
Asimismo, los servicios jurídicos vascos han alertado del riesgo que comporta aceptar la aplicación de herramientas estatales en los procedimientos vascos, ya que el Estado "podría acabar imponiendo su uso" en la administración vasca. "Esto supondría una injerencia ilegítima en las tareas públicas que la CAV tiene encomendadas, toda vez que el Estado pasaría a realizar actuaciones ejecutivas en nuestros procedimientos, de forma contraria a lo que el Estatuto de Gernika reconoce", han argumentado.
Junto con ello, la decisión del Estado, recogida en una disposición adicional de la Ley de PGE, "atribuye funciones consultivas" a unos "comités antifraude" que Euskadi no ha implantado al no ser obligatorios.
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