El PSOE registra la ley de amnistía en solitario sin la firma de sus socios de investidura

La proposición de ley para amnistiar al independentismo catalán abarca 11 años del procés, desde el 1 enero de 2012 —pasando por la consulta del 9 de noviembre de 2014, el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y los disturbios tras la sentencia del 2019— hasta este lunes 13 de noviembre.

El PSOE ha registrado este lunes por la tarde en el Congreso la iniciativa. Además de los socialistas, la iniciativa iba a llevar la firma de Sumar y de los socios independentistas de Esquerra (ERC), Junts y EH Bildu y de los nacionalistas del PNV y del BNG, pero obtener el visto bueno de todos estos grupos ha ido retrasando hasta última hora el registro del texto.

Según confirman fuentes parlamentarias, en el índice de textos registrados este lunes por la tarde figura el título de la ley como presentada por el Grupo Socialista, sin mencionar otras formaciones. Y de hecho algunos de los socios del PSOE han confirmado que no han llegado a firmar la iniciativa al estar todavía analizando el texto.

El PNV está de acuerdo "en líneas generales" con el texto, pero no ha firmado la proposición de ley "porque las partes negociadoras no lo han requerido", según fuentes de este partido.

El PSOE ha solicitado que la proposición de ley se tramite por el procedimiento de urgencia, lo que supone reducir los plazos a la mitad, y ello podría permitir que el texto aprobado se remitiese al Senado en menos de mes.

En el texto se propone amnistiar delitos de usurpación de funciones públicas, malversación, desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación, según han indicado fuentes parlamentarias.

En este sentido, plantea exonerar "los actos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña, así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos".

En el texto se apunta también que los jueces tendrán que aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente y que las decisiones se deberán adoptar en un plazo máximo de dos meses; ello sin perjuicio de los recursos que se presenten que, según señala, no tendrán efectos suspensivos.

Cumplir la legalidad no es suficiente "para resolver el conflicto"

La proposición de ley de amnistía justifica su necesidad en que la aplicación de la legalidad es "necesaria", pero "en ocasiones no es suficiente para resolver un conflicto político sostenido en el tiempo", por lo que aboga porque el Derecho se adapte al contexto político.

Excluye los delitos de terrorismo cuando exista condena firme y las torturas

La ley excluye el perdón para los delitos de terrorismo cuando exista una condena firme y hayan consistido en alguna de las conductas previstas en la directiva europea de 15 de marzo de 2017, que abarca desde atentados mortales a tenencia y fabricación de explosivos, así como los de torturas.

Borra los delitos de una década e incluye a los policías del 1-O

La ley de la amnistía implica anular la "responsabilidad penal, administrativa y contable" de todos aquellas personas vinculadas con la preparación, ejecución y consecuencias del proceso soberanista en Cataluña durante una década, entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023.

La amnistía se aplica no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados), sino también a directores de colegios del 1-0, alcaldes, manifestantes así como los agentes policiales que actuaron durante el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Deja sin efecto la orden de detención de Puigdemont y Rovira en España

Incluye una referencia directa al expresident Carles Puigdemont al señalar que "quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión" así como "las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención", que afectan también a otros tres dirigentes fugados.

Estos son los exconsellers Antoni Comín y Lluis Puig junto a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. Todos ellos contaban con una orden nacional de detención dictada por el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena.

Ninguna alusión al 'lawfare'

Por último, la proposición de ley no incluye ninguna alusión al 'lawfare' o persecución política desde los tribunales y tampoco menciona las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales. El texto ignora esos dos aspectos incluidos en el acuerdo entre el PSOE y Junts que estos días habían suscitado la crítica unánime del ámbito judicial.