Constitución española: apenas dos cambios en algo más de cuatro décadas de historia
El Congreso de los Diputados ha iniciado los trámites para cambiar un artículo (el 49) de la Constitución española en un intento de hacer el texto más inclusivo: se pretende sustituir el término "disminuidos" por el de "personas con discapacidad". La reforma, de materializarse, sería la tercera que experimenta la Carta Magna en sus 45 años de historia.
Aunque los intentos de reforma han sido numerosos, un procedimiento nada flexible y las amplias mayorías exigidas hacen que solo haya dos antecedentes: el primero, en 1992 y un segundo en 2011. Se da la circunstancia de que los dos únicos cambios realizados se han dado bajo mandato socialista y ambos a instancias de la Unión Europea.
La primera reforma, dos palabras en el artículo 13.2
Corría el año 1992, la ciudad holandesa de Maastricht acogió la firma del Tratado de la Unión Europea, conocido después como el Tratado de Maastricht. La norma introducía el concepto de "ciudadanía europea", a quién reconocía ciertos derechos en los estados miembro. Entre otros, las personas residentes en el Estado español originarias de otros países comunitarios tenían derecho a votar y a ser votadas en las elecciones municipales.
Sin embargo, el artículo 13.2 de la Constitución española, tan solo reconocía el sufragio activo (los extranjeros comunitarios no podían ser candidatos), por lo que solo había que añadir las palabras "y pasivo" al texto.
La reforma, tramitada por el procedimiento ordinario, contó con el apoyo de todos los grupos parlamentarios tanto en el Congreso como en el Senado, y entró en vigor en agosto, ocho meses después de iniciarse los trámites.
La segunda, más polémica y discutida
Tuvieron que pasar casi dos décadas para que la Carta Magna fuera reformada por segunda vez. En 2011, durante el segundo mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, la modificación fue de más calado, y fue criticada por la oposición y los agentes sociales, y contestada en las calles.
El Estado español sufría, por aquel entonces, los embates de la grave y larga crisis económica de 2008. Ante la exigencia de Bruselas de asegurar el pago de la deuda contraída por los diferentes estados miembros, PSOE, PP y UPN pactaron reformar el artículo 135 de la Constitución. El objetivo era priorizar ese pago en los presupuestos frente a otras partidas.
El resto de grupos presentaron más de una veintena de enmiendas, que fueron rechazadas. La reforma "express", tramitada en pleno agosto, entró en vigor en un mes.
Dos vías para la reforma
El contexto en el que se redactó la Carta Magna, tras 40 años de dictadura, ha condicionado su poca flexibilidad a la hora de reformarse. La norma cita expresamente que no puede modificarse en contexto de guerra o bajo los estados de alarma o de excepción.
A partir de ahí, las reformas han de contar con un amplio consenso, con mayorías de 2/3 o 3/5 de las dos Cámaras, según el caso.
Se establece dos vías de reforma, dependiendo del tipo de cambios que se quieren realizar: la ordinaria, para modificaciones mínimas o parciales. La otra, denominada de "procedimiento agravado", está reservada para reformas que supongan una revisión total o que afecten a cuestiones fundamentales. Es decir, aquellas que toquen la unidad de la nación, sus lenguas oficiales, los derechos fundamentales o la propia Corona. En ambos casos, la Constitución recoge que el cambio puede ser sometido a referéndum, siendo obligatoria en el caso del procedimiento agravado .
España, a la cola en reformas constitucionales en Europa
Estas dos únicas modificaciones hacen que el Estado español sea uno de los países europeos menos proclives a la reforma. Alemania, con 70 reformas realizadas desde 1949, o Austria, con una de las constituciones más antiguas de Europa y 55 cambios, lideran el ranking. En el otro extremo, España solo es superada por Rumanía, que tan solo ha hecho un cambio desde su aprobación (1949).
Te puede interesar
Gipuzkoa exige al Gobierno de España un "plan estructural" para la acogida de menores migrantes
La portavoz foral, Irune Berasaluze, ha insistido en que "no puede ser que se improvise de nuevo una solución".
Chivite pide "poner humanidad a la política" ante la situación de las personas menores que se encuentran en Ceuta sin acompañamiento
La presidenta de Navarra, María Chivite, ha pedido que se deje de "deshumanizar" la situación de los niños y niñas que se encuentran en Ceuta sin acompañamiento familiar. Tras recordar la "extrema vulnerabilidad" de los menores, Chivite ha reafirmado que Navarra cumplirá con sus obligaciones de acogida solidaria y ha apelado a que el resto de comunidades autónomas hagan lo propio ante las responsabilidades legales existentes.
La alcaldesa denuncia la “soledad” de Irun ante el tráfico fronterizo y el Gobierno Vasco señala a Francia
La situación en Irun ha provocado un cruce de reproches entre las instituciones después de los problemas de tráfico registrados durante la última semana. La alcaldesa de Irun, Cristina Laborda, ha reclamado una mayor implicación del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, mientras que el viceconsejero de Seguridad, Ricardo Ituarte, ha defendido las gestiones realizadas por la Ertzaintza y ha señalado a las autoridades francesas como responsables de agilizar el tráfico en la frontera.
El Gobierno Vasco insiste en la necesidad de que los menores que están solos en Ceuta retornen con sus familias
Lakua ha pedido al Gobierno español que agote todas las opciones para ello, antes de repartir a estos menores migrantes por las comunidades autónomas.
Navarra "cumplirá" el reparto de menores pero "no pagará la insolidaridad" de otras comunidades
El vicepresidente primero y portavoz del Gobierno de Navarra, Javier Remírez ha señalado que "cumplirá con la normativa" y acatará el reparto y acogida de los menores migrantes no acompañados llegados desde Ceuta, pero "no va a permitir que la Comunidad foral pague la insolidaridad y el incumplimiento normativo de otras Comunidades Autónomas".
El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de 500 niñas migrantes de Ceuta
El Gobierno de España trabaja en el traslado a la Península de unas 500 niñas migrantes no acompañadas que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. El Ministerio de Juventud e Infancia estudia que organizaciones de protección de menores se hagan cargo de su acogida en recursos adaptados, sin necesidad de transferir su tutela a las comunidades autónomas.
Bilboko Konpartsak y Sare reclaman que la Aste Nagusia 2027 se celebre "sin presos ni represaliados vascos"
La red ciudadana Sare y Bilboko Konpartsak han convocado para el 28 de agosto, en plena Aste Nagusia, Etxera Eguna, con la celebración de una manifestación para reclamar "el regreso a casa de los presos, huidos y deportados vascos", y una comida popular. Asimismo, han fijado como objetivo que las fiestas de 2027 sean las primeras sin presos ni represaliados.
El Gobierno Vasco insiste en el retorno de menores migrantes de Ceuta con sus familias y, si no es posible, acogerles
El director de Infancia, Txema Ezkerra, considera "inadmisible" que se incumpla la Ley por comunidades en las que está cuestión la gestiona Vox y pide al Estado que actúe.
El Ayuntamiento de Burlada condena por unanimidad la agresión sufrida por un concejal de UPN en fiestas
El concejal de UPN, Carlos Oto, fue agredido el pasado sábado en la sede del partido regionalista cuando varios integrantes de la formación y otras personas se encontraban reunidos y celebrando la jornada festiva.
Muere Javier Lasagabaster, consejero de Política Territorial y Obras Públicas entre 1980 y 1984
Lasagabaster formó parte del Ejecutivo presidido por Carlos Garaikoetxea durante su primera legislatura, entre 1980 y 1984.