LEY DE AMNISTÍA
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Las claves de la Ley de Amnistía: a quién beneficia y cómo ha sido la negociación

La norma sitúa el conflicto independentista desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023. Serán perdonados los actos de terrorismo que no hayan causado violaciones graves de derechos humanos. Se prevé que la Ley de Amnistía beneficie a unas 382 personas.
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Imagen: EITB Media

El Pleno del Congreso vota este martes la proposición de Ley de Amnistía para su envío al Senado (el PP tiene mayoría absoluta), una votación que requiere el apoyo de la mayoría absoluta de la Cámara Baja al tratarse de una ley orgánica.

A la espera de ver cómo avanza el texto por el Parlamento, éstas son algunas claves para contextualizar la norma:

Negociación complicada

Tras intensas negociaciones, la madrugada del 9 de noviembre  PSOE y Junts firmaron un acuerdo sobre la Ley de Amnistía, lo que permitió el decisivo y clave apoyo del partido del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont a la investidura de Pedro Sánchez

La semana pasada, también in extremis, socialistas y catalanes pactaban dos enmiendas, mediante las cuales ampliaban el paraguas de la norma, especialmente en lo referido a los delitos de terrorismo. Así, entro otros, quedaba garantizado que casos como el de Tsunami Democràtic, sean beneficiados de la medida de gracia.

¿Qué pasa con los delitos de terrorismo?

El texto inicial, presentado en solitario por el PSOE el pasado mes de noviembre, excluía de la amnistía los delitos de terrorismo "siempre y cuando" existiese sentencia firme.

Ahora, esa referencia se ha borrado del texto, que establece que no serán perdonados los actos de terrorismo que hayan causado "violaciones graves de derechos humanos de forma manifiesta y con intención directa".

¿Qué actos quedarán amnistiados?

La malversación de caudales públicos, la usurpación de funciones así como los actos de desobediencia, desórdenes públicos y prevaricación, entre otros, quedarán sin efecto, siempre que tengan una relación directa con el proceso independentista.

¿Qué fechas abarca la proposición de ley de amnistía y qué hechos incluye?  

Desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023.  Ese es el tiempo que abarca esta norma.  Es decir, 11 años en los que se podrá amnistiar determinados actos relacionados con el procés y que se encuentren en vía judicial. 

De este modo, los actos que quedarían incluidos en la amnistía serían los directamente relacionados con tres hitos claros: la consulta que se celebró en Cataluña el 9 de noviembre de 2014,  el referéndum del 1 de octubre de 2017 y los disturbios de 2019 tras conocerse la sentencia del procés.

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¿Quiénes se beneficiarán?

Se prevé que la Ley de Amnistía beneficie a unas 382 personas. Verán borrados sus antecedentes penales los condenados por el Tribunal Supremo en la sentencia de octubre de 2019, entre ellos el líder de ERC Oriol Junqueras y el expresident Artur Mas (condenado por los gastos del 9-N), y los huidos de la justicia española como Carles Puigdemont, Marta Rovira o Anna Gabriel, tras el referéndum del 1 de octubre de 2017.

Otros nombres que se beneficiarán de la ley son la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell,  la exconsejera Meritxell Serret  o los expresidentes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, respectivamente.

También se amnistiará a cerca de medio centenar de agentes de la Policía Nacional procesados por las cargas del 1-O en Barcelona.

Regreso de Puigdemont a Cataluña, ¿en mayo?

Puigdemont, líder de Junts, se encuentra fugado de España desde 2017. De salir adelante, la norma garantizaría su vuelta y se convertiría en uno de los principales beneficiados de la amnistía, dado que el texto recoge que se deben levantar todas las medidas cautelares aunque la norma esté recurrida. En una situación similar se encontraría Marta Rovira.

Sobre su posible regreso, fuentes cercanas a Junts han considerado que "entre mayo y junio" el expresidente catalán y la secretaria general de ERC "podrían regresar a Cataluña".

Aplicación urgente

La Justicia deberá aplicar la amnistía con carácter preferente y urgente, y las decisiones se deberán adoptar en un plazo máximo de dos meses. 

Por otro lado, la amnistía no generará derecho a percibir ninguna indemnización, derechos económicos, ni restitución de multas.

Siguientes pasos en el Congreso y en el Senado

Una vez la norma circuló por la Comisión de Justicia, ahora debe ser el pleno de la Cámara Baja quien le dé el visto bueno tras un debate en el que podrán volver a salir las propuestas de ERC y Junts. Entre ellas, la de ampliar el plazo de aplicación de la amnistía dos meses, desde el 1 de noviembre de 2011.

Después, el texto pasará al Senado, donde comenzará una tramitación ya no exprés, como ha sido en la Cámara Baja, sino todo lo contrario a tenor de lo anunciado por el PP, que tiene mayoría en la Cámara Alta.

 

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