PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo Navarra critican la sentencia del Supremo, mientras UPN y PPN la avalan

UPN ha acatado la sentencia del Tribunal Supremo, que ha anulado el real decreto por el que se acordó el traspaso de las competencias en materia de tráfico de la Guardia Civil a la Comunidad foral de Navarra al estimar el recurso de la asociación Justicia Guardia Civil (JUCIL). Al mismo tiempo, los regionalistas han solicitado al Gobierno de María Chivite que "asuma su responsabilidad por lo sucedido y que aclare por qué eligió la fórmula del Real Decreto, así como las consecuencias de la sentencia".

En una nota de prensa, UPN ha pedido al Gobierno de Navarra que "ejerza todas las actuaciones posibles dentro de la ley para defender las competencias de la Comunidad foral en esta materia" y ha reiterado que la competencia de tráfico debe llegar a Navarra "conforme a la legalidad y ser prestada de manera conjunta entre la Policía Foral y la Guardia Civil, de manera que esta última no desaparezca de las carreteras de Navarra como pretenden los partidos nacionalistas e independentistas".

Asimismo, el partido regionalista ha recordado su "oposición al modo como se gestionó la transferencia entre los dos gobiernos, llevados por la urgencia y como un mercadeo entre el PSOE y EH Bildu a cambio del apoyo de la formación abertzale al Partido Socialista, algo que, como se ha visto, ha tenido sus consecuencias legales".

El PSN ha anunciado que defenderá el traspaso de las competencias exclusivas de Tráfico a Navarra, anulado por el Tribunal Supremo, al considerar que se trata de un "derecho histórico" de la Comunidad Foral.

A falta de revisar los textos jurídicos que "no imposibilitan" que Navarra tenga la competencia de Tráfico, el PSN afirma en un comunicado que "van a defender la ley navarra" y para ello los socialistas presentarán una declaración institucional en el Parlamento para defender esta transferencia como un derecho histórico.

"Todos aquellos partidos que hayan sido partícipes de la asunción de la transferencia de tráfico a Navarra deberán posicionarse y decidir si respetan lo que marcan los derechos históricos de Navarra en la Lorafna y en la Constitución", subrayan.

El PSN recuerda que la asunción de competencias en materia de tráfico "no significa la exclusión de nadie" y reitera el "respeto por el trabajo de todas las fuerzas y cuerpos de seguridad" que trabajan en Navarra.

EH Bildu considera la decisión del Supremo como un "ataque jurídico grave contra la foralidad y soberanía de Navarra".

"La gestión de nuestras carreteras es una competencia histórica de Navarra que nos fue arrebatada en el franquismo", ha valorado la portavoz de la formación en el Parlamento de Navarra, Laura Aznal.

"Ahora que gracias a una voluntad política mayoritaria habíamos conseguido la competencia, un tribunal español impide que esta se materialice, y todo ello a iniciativa de una asociación de la Guardia Civil", ha denunciado.

Geroa Bai ha instado a los gobiernos de Navarra y España a iniciar el procedimiento necesario "para revertir, si esto es posible, la sentencia de este tribunal". "Es muy grave, con un argumento de forma, están negando la realidad del fondo, la realidad de los derechos históricos", ha afirmado Uxue Barkos, portavoz de la formación.

Por ello, "no compartimos, de ninguna manera, la interpretación del Supremo que cuestiona la utilización del real decreto, es uno de los caminos, que no seria óbice ni cortapisa, salvo si se cuestiona la realidad de los derechos históricos", ha apostillado Barkos.

Contigo Navarra considera que la sentencia tiene "un claro trasfondo político, que minusvalora el autogobierno foral y la propia titularidad de la competencia que ostentó Navarra hasta el año 1960, además de la propia Constitución Española ya que la disposición adicional primera de la Constitución ampara, respeta y reconoce los derechos históricos de los territorios forales, siendo esta disposición título suficiente para efectuar un traspaso, contrariamente a lo que manifiesta en su sentencia el Alto Tribunal".

A juicio de la coalición de izquierdas, "no deja de ser sorprendente que el Tribunal Supremo contradiga su propia jurisprudencia anterior sobre dos sentencias del año 2018 y numerosas sentencias más amparadas en la doctrina del Tribunal Constitucional ya consolidada sobre la Disposición adicional primera de la Carta Magna".

La única lectura que se puede hacer desde Contigo-Zurekin es que "las presiones políticas han vuelto a entrar en los despachos de la alta magistratura como consecuencia de la campaña falaz que se desató en todo el Estado".

Por el contrario, el Partido Popular de Navarra (PPN) ha advertido que "ya avisamos de que la transferencia de la plena exclusividad de Tráfico supondría una modificación del Amejoramiento".

En una nota, el presidente del PPN, Javier García, ha señalado que "si no hay un convenio entre Navarra y el Gobierno de España que modifique la LORAFNA no puede acordarse la privación a la Guardia Civil de las funciones que ahora realiza en materia de tráfico". "Y eso solo puede hacerse mediante una Ley Orgánica, no mediante Real Decreto. Las formas en Derecho son tan importantes como el fondo", han explicado desde el PPN.