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Suiza niega información sobre Rovira al juez García Castellón porque duda de si el caso tiene origen político

Las autoridades suizas preguntan al juez que investiga el caso de Tsunami cómo puede afectar la Ley de Amnistía que se tramita en el Congreso.
Imagen de las protestas de Tsunamic que provocaron el bloqueo del aeropuerto de El Prat, en 2019.
Imagen de las protestas de Tsunamic que provocaron el bloqueo del aeropuerto de El Prat, en 2019.

La Oficina Federal de Justicia de Suiza ha enviado una misiva al juez del caso 'Tsunami Democràtic', Manuel García Castellón, a través del Ministerio de Justicia, en la que se niega a auxiliarle en la localización de la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y en obtener información bancaria del movimiento independentista porque entiende que debe decidir antes si hay un carácter político en la petición.

Tal y como recoge El País y han confirmado a EFE fuentes cercanas a la causa, las autoridades competentes suizas solicitan en la carta información sobre cómo puede afectar la Ley de Amnistía que se tramita en el Congreso de los Diputados "para varios separatistas catalanes" a esta causa en concreto. Además, abunda en que sería conveniente que les explicaran las posibles consecuencias de esta ley sobre los procedimientos iniciados contra los miembros de la plataforma Tsunami y en concreto sobre Marta Rovira, "cuya pertenencia a dicha plataforma no está clara".

De esta forma, Suiza suspende el auxilio solicitado por el magistrado hasta que la Audiencia Nacional responda a sus preguntas porque entiende, tras "examinar con la máxima atención" la comisión rogatoria, que el contenido es muy similar a otro presentado hace cuatro años que ya fue rechazado. Ya en 2020 las autoridades judiciales de Suiza se negaron a prestar asistencia jurídica a España en la causa que se instruye en la Audiencia Nacional sobre 'Tsunami Democràtic' al entender que el procedimiento tiene "un carácter político preponderante".

En concreto, explica que necesita saber para qué quiere García Castellón conocer el paradero de Rovira (está exiliada en el país helvético desde 2018) y por qué lo hace por este conducto cuando esta medida puede llevarse a cabo mediante el procedimiento simplificado de cooperación policial.

Sobre la petición de información bancaria, se preguntan por qué el magistrado quiere tener movimientos hasta junio de 2020 si los eventos organizados por Tsunami en los aeropuertos de El Prat de Barcelona y en Barajas (Madrid) y que "supuestamente debían haber recibido apoyo financiero a través de la citada cuenta" tuvieron lugar el 14 de octubre de 2019. En ese sentido, quiere conocer también la relación exacta entre Rovira y las manifestaciones en los dos aeropuertos que se citan en la comisión rogatoria.

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