La Fiscalía pide dos años de prisión para Etcheverry y un año para Molle, pero exentos de cumplimiento

La Fiscalía Antiterrorista de Francia ha solicitado dos años de prisión para Txetx Etcheverry y un año para Beatrice Molle, con suspensión de pena. Los dos 'artesanos de la paz' han sido juzgados en el Tribunal Correccional de París en relación con la operación policial desarrollada en Luhuso en 2016.

La fiscal considera probado que ambos tuvieron y transportaron armas peligrosas, y también que estuvieron vinculados a la organización ETA. En cualquier caso, añade, que teniendo en cuenta el contexto político, es evidente que en ningún momento tuvieron voluntad de atentar.

En el caso de Etcheverry, la Fiscalía ha reclamado una pena de dos años que sólo le obligaría a ingresar en prisión si reincidiera por los delitos de transporte y detención de armas y explosivos en relación con una organización terrorista. Para Molle, la propietaria de la casa de Luhuso, la representante del Ministerio Público ha solicitado un año también exento de cumplimiento por detención de armas y explosivos, igualmente con el calificativo de terrorista. "Son penas clementes y espero que los encausados lo entenderán", ha subrayado la fiscal al terminar su requisitoria.

Sobre todo, la fiscal ha insistido en desmontar la tesis de los encausados de que la "operación fallida" de Luhuso sirvió para preparar la entrega de armas y explosivos que se llevó a cabo, también con la intermediación de los 'artesanos de la paz', el 8 de abril de 2017, y que en esa ocasión se hizo con la cooperación y la implicación de las autoridades francesas. Para la defensa, la iniciativa de Luhuso hizo que tres meses y medio después las autoridades francesas, que según su relato hasta entonces obstaculizaban el proceso de paz, se implicaran en la recuperación del resto de las armas y explosivos el 8 de abril de 2017.

Además, ha añadido que "en ningún momento se cuestionaron las acciones criminales de ETA" y se aceptaron las condiciones que había establecido quien por entonces desde la cárcel se presentaba como el responsable del aparato político de ETA, David Pla.

En resumen, para la representante fiscal, lo que habían preparado en Luhuso "no tiene nada que ver con la entrega de armas de abril de 2017".

Etcheverry y Molle piden la absolución

La defensa de Etcheverry y Molle, por su parte, ha pedido la absolución. Ha defendido que no merecen la condena, ni siquiera simbólica, porque consideran que con su acción no hicieron ningún mal a nadie y contribuyeron a mejorar la situación en todo el país, al dar el primer paso del desarme de ETA.

"Si mañana hay una condena, se va a producir un desfase entre la realidad de la sociedad de Ipar Euskal Herria y la Justicia francesa", ha declarado a la prensa Etcheverry al término del segundo y último día de audiencia.

Etcheverry ha rechazado que fuera un dictamen político, ya  que la absolución "sería una decisión jurídica" porque estaría amparada por el concepto jurídico de "estado de necesidad" que significa que, cuando un acto que no es legal se realiza para impedir un peligro, se puede justificar si ese acto es proporcional al peligro que se pretende evitar.

En su caso, los actos ilegales fueron el transporte y el almacenamiento de las armas, y el peligro que pretendían haber evitado es impedir que se usara para acciones violentas.

La sentencia se dará a conocer el 16 de mayo.