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La cúpula de Interior del Gobierno de Rajoy se sienta desde hoy en el banquillo por el caso Kitchen

Fernández Díaz estaba al frente del Ministerio del Interior cuando, según la Fiscalía, en 2013 se ideó desde la cúpula "una ilícita operación policial de inteligencia" para obtener pruebas del caso Gürtel en poder del extesorero del PP Luis Bárcenas que pudiesen incriminar al partido y sus máximos dirigentes, y así "evitar" que acabasen en manos del juez.
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Audiencia Nacional. Foto de archivo: Europa Press

La Audiencia Nacional (AN) juzga desde hoy la operación de espionaje conocida como Kitchen que habría orquestado en 2013 la excúpula del Ministerio del Interior del Gobierno de Mariano Rajoy contra el extesorero del PP Luis Bárcenas con el objetivo de robarle información sensible que tuviera sobre el partido y sus dirigentes relacionada con la investigación del caso Gürtel.

Por estos hechos, la Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de cárcel de 15 años y 33 de inhabilitación para el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los 10 acusados, por presuntos delitos de encubrimiento, malversación y contra la intimidad.

En su escrito de acusación, la Fiscalía esboza los inicios de la supuesta operación, cuyo origen sitúa en la primera mitad de 2013. "Desde la cúpula del Ministerio del Interior, encabezado por Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez y Eugenio Pino se ideó, sin que pueda descartarse además la intervención de otras personas de diferentes instancias, una ilícita operación policial de inteligencia", explica.

Anticorrupción detalla que la misma estaba "dirigida a obtener tanto información como pruebas materiales que pudieran resultar incriminatorias para el Partido Popular y sus máximos dirigentes" en el caso Gürtel que investigaba la Audiencia Nacional.

En concreto, el objetivo era hacerse con los archivos que "pudieran encontrarse en poder de Bárcenas, quien había ocupado el cargo de tesorero del partido y se encontraba formalmente investigado en dicha causa".

Por otro lado, interesan una condena de 19 años de prisión para el comisario jubilado José Manuel Villarejo, mientras que en el caso de Sergio Javier Ríos (chófer de Bárcenas) reclama una pena de 12 años y cinco meses de prisión y la nulidad de su nombramiento como funcionario de la Policía.

Y en el caso del jefe de Asuntos Internos de la Policía en la etapa en la que se habría producido el presunto espionaje, Martín Blas, el Ministerio Público pide dos años y medio de cárcel.

También están acusados los inspectores policiales José Ángel Fuentes Gago y Bonifacio Díez, así como el comisario José Luis Olivera, aunque la Fiscalía solicitó el archivo para los tres al no apreciar suficientes indicios.

No se sentará en el banquillo el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Enrique García Castaño por "incapacidad mental sobrevenida" tras sufrir un ictus en 2022.

PSOE y Podemos, están personados como acusación popular. La acusación particular la ejercen Bárcenas; su esposa, Rosalía Iglesias, y su hijo Guillermo.

El 20 de abril, por su parte, declararán el extesorero del PP y Rosalía Iglesias, del mismo modo que el exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Manuel Morocho, mientras que Guillermo Bárcenas lo hará el mismo día que Rajoy y Cospedal. Asimismo, la Audiencia Nacional prevé que los acusados declaren en último lugar, en los días 14, 18 y 19 de mayo.

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