EH Bildu pacta con el Gobierno español "terminar con la Ley Mordaza"

EH Bildu ha pactado, tras "una negociación larga y discreta" con el Gobierno español, la derogación de la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, más conocida como "Ley Mordaza", tal como han anunciado en rueda de prensa la portavoz parlamentaria de la coalición abertzale, Mertxe Aizpurua, y el diputado Jon Inarritu.

El acuerdo, que ya ha sido comunicado y compartido al resto de grupos que han estado apoyando la reforma de la polémica ley del PP (PNV, ERC, BNG, Junts y Podemos), supone "terminar al fin" con los "aspectos más lesivos" de la norma: la utilización de las pelotas de goma, las sanciones aparejadas a las faltas de respeto a la autoridad y la desobediencia, así como las devoluciones inmediatas en la frontera.

Según han avanzado, tienen previsto registrar una nueva proposición de ley en la que se recogerán los aspectos pactados. Aizpurua ha confiado que el nuevo texto tenga el apoyo de la mayoría parlamentaria para su "tramitación satisfactoria".

Cabe recordar que la reforma de la "Ley Mordaza", pactada por PSOE, PNV y Unidas Podemos, quedó en agua de borrajas en la anterior legislatura por la negativa de EH Bildu y ERC al considerarla "insuficiente", ya que no contenía cambios en los cuatro artículos ahora enmendados.

"Esta nueva ley recoge todos los acuerdos y avances logrados entre los diferentes grupos en la tramitación de la legislatura pasada, así como los aspectos que generaron el bloqueo. Hemos logrado que la gran asignatura pendiente, terminar con la ley mordaza, vaya a hacerse realidad", se ha congratulado Aizpurua.

Los cuatro cambios pactados

Jon Iñarritu ha explicado el contenido concreto del pacto. En primer lugar, el acuerdo supondrá que las fuerzas de seguridad dejen de usar "balas de goma" para utilizar "medios menos lesivos". 

Además, la nueva ley pondrá fin a la "discrecionalidad" que ahora existe en las sanciones por faltas de respeto a la autoridad y se "blindará la libertad de expresión". Según ha denunciado, desde 2015 se imponían "sanciones injustificadas o basadas en interpretaciones subjetivas"; en adelante, los insultos o las injurias que no sean delito deberán ser "expresiones relevantes" y las sanciones deberán estar "justificadas y ser objetivables". Las sanciones se cancelarán si la persona multada se retracta.

Del mismo modo, las faltas por desobediencia pasarán de ser falta grave a leve. En este caso, la desobediencia a la autoridad sólo será sancionable cuando exista una "negativa expresa a cumplir una orden legal y ajustada a la legalidad" o haya una "resistencia corporal a un mandato de los agentes" siempre que estén ajustados a la normativa.

Por último, sobre las denominadas "devoluciones en caliente", el acuerdo pasa por que, en el plazo máximo de seis meses, se incluya una nueva disposición adicional de la Ley de Extranjería para establecer "como criterios el respeto y aplicación de la normativa de Derechos Humanos y protección internacional" en la política migratoria. Así, se fijará el "acceso y evaluación a las solicitudes de protección previamente al proceso de posible expulsión".

Reacciones en el hemiciclo

Tras el anuncio del pacto, los diferentes grupos del bloque de investidura han ido avanzando posiciones. El PNV, que la pasada legislatura apoyó la reforma, ha anunciado que la nueva proposición de ley llevará también su firma, aunque ha precisado que la enmendará para "modular el principio de autoridad".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha dicho "alegrarse" por el acuerdo y ha incidido en que la iniciativa es "básicamente es el mismo texto" que impulsó su partido en 2017.

Con un tono mucho más crítico, el coportavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha considerado que el acuerdo es "insuficiente" y ha anunciado enmiendas "verdaderamente ambiciosas" para corregir un texto que supone, en su opinión, un "retoque muy estético". "No se puede llamar derogación de la Ley Mordaza porque se queda muy corto este acuerdo", ha criticado. 

"Haremos esas enmiendas y en función de las mismas, pues ya veremos si se nos aprueban o no. Y en función de eso, veremos el sentido de nuestro voto", ha advertido

Miriam Nogueras, portavoz de Junts, ha subrayado que su formación "siempre" ha defendido la derogación de esta norma así como una "ley democrática de seguridad ciudadana para Cataluña" y ha avanzado que presentarán enmiendas al texto acordado, porque su partido "negocia, no hacen adhesiones".

El PSOE, que ha celebrado el pacto, ha recordado que su voluntad "ha sido y es derogar los aspectos más lesivos" de la Ley de Seguridad Ciudadana aprobada por el PP en 2015, al ser medidas que "vulneran y recortan derechos y libertades democráticas de la ciudadanía", al tiempo que insisten en su disposición para seguir negociando con todos los grupos.

El diputado de Sumar Enrique Santiago ha celebrado también el acuerdo, que va en el camino de "recuperar las libertades públicas" y los derechos que fueron "limitados por el PP"."La ley iba a cumplir 10 años, era urgente desbloquear esta situación encallada desde la legislatura pasada", ha manifestado el diputado, quien ha llamado a la "responsabilidad" de los grupos parlamentarios para votar a favor de la reforma que Sumar quiere tramitar de forma exprés.

En contra de la iniciativa se ha mostrado el PP, que ha prometido revertir la normativa anunciada porque, según ha denunciado el portavoz popular Borja Sémper, "protege a los violentos, legitima a Bildu y deja indefensas a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en nuestras calles y en nuestras fronteras".

Vox ha arremetido este jueves contra el Gobierno de coalición por su "bajeza" al acordar la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', con Bildu. En su cuenta de la red social X (antes Twitter), la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha indicado que el hecho de que "los verdugos del pueblo español sean quienes redacten las leyes da buena cuenta de la bajeza de este Gobierno".