Aplazada por reticencias la decisión sobre la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego

Los países de la Unión Europea han aplazado este martes la votación sobre la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea, ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas. Para que la propuesta salga adelanta se necesita la unanimidad de los Veintisiete, es decir, no debe haber votos en contra, y así las cosas, han decidido posponer la votación.

Era una de las posibilidades y finalmente es lo que ha ocurrido. Una decena de países han pedido expresamente que se retirase la votación del orden del día, tal como había pedido el Gobierno español; y Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar los debates, ha decidio aplazar la cuestión para más adelante.

Tras posponerse la votación prevista para este martes en Bruselas al no contar con la unanimidad requerida, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá "trabajando y dialogando" con los socios europeos para que se reconozcan en la UE las lenguas cooficiales españolas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada por la presión de Junts, Alegría ha asegurado que "el compromiso es claro" y el objetivo es trabajar "desde ya" para convencer "cuanto antes" a todos los países miembros.

Ha explicado que el Ejecutivo lleva años trabajando con los socios europeos para que se reconozca la "identidad plurilingüe" del país y en las últimas semanas se habían conseguido "grandes avances", con un "amplio" grupo de Estados dispuestos a apoyar esta medida. Sin embargo, un grupo "menor", que no ha cuantificado, ha solicitado más tiempo e información y España ha decidido aceptar esa petición para seguir dialogando.

La propuesta ha de ser adoptada por unanimidad, sin ningún voto en contra, y las eventuales abstenciones no suman en contra.

Varios países piden más tiempo

Desde esta mañana las dudas se han extendido con relación al debate de oficializar el euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea y de permitir su uso en el seno de las instituciones europeas. La iniciativa, promovida por el Gobierno español, iba a votarse este martes en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE), aunque varios países miembros, entre ellos Finlandia, Suecia, Austria o Croacia, han expresado sus dudas legales y financieras desde primera hora. 

Francia y Chipre, por su parte, han sido más comprensibles, y han subrayado la importancia que tiene esta cuestión en España, mientras que Dinamarca ha adelantado que no se opondrá a la propuesta, al igual que Eslovenia, que ha señalado que apoyará la petición si hay una votación.

De aprobarse, las lenguas oficiales pasarían de ser 24 a 27 y, según el reglamento, serían idiomas de uso y de trabajo en todas las instituciones comunitarias. La propuesta ha de ser adoptada por unanimidad, sin ningún voto en contra, y las eventuales abstenciones no suman en contra.

La ley establece que el coste de su aplicación se financie con el presupuesto de la Unión Europea, aunque el Gobierno español se ha ofrecido a asumirlo todo, lo que supondría una excepción. El Estado español no ha ofrecido cifras concretas del esfuerzo presupuestario que supondría la oficialidad de las tres leguas, aunque Bruselas apuntó en un estudio preliminar en diciembre de 2023 que podría suponer unos 132 millones de euros al año, basándose únicamente en la experiencia del gaélico.

Los países de la Unión Europea han aplazado este martes la votación sobre la oficialidad del euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea, ante la falta de unanimidad entre los Veintisiete por las dudas legales, financieras y políticas. Para que la propuesta salga adelanta se necesita la unanimidad de los Veintisiete, es decir, no debe haber votos en contra, y así las cosas, han decidido posponer la votación.

Era una de las posibilidades y finalmente es lo que ha ocurrido. Una decena de países han pedido expresamente que se retirase la votación del orden del día, tal como había pedido el Gobierno español; y Polonia, que ostenta la presidencia rotatoria de la UE y le corresponde moderar los debates, ha decidio aplazar la cuestión para más adelante.

Tras posponerse la votación prevista para este martes en Bruselas al no contar con la unanimidad requerida, la ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado que el Ejecutivo seguirá "trabajando y dialogando" con los socios europeos para que se reconozcan en la UE las lenguas cooficiales españolas. En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y preguntada por la presión de Junts, Alegría ha asegurado que "el compromiso es claro" y el objetivo es trabajar "desde ya" para convencer "cuanto antes" a todos los países miembros.

Ha explicado que el Ejecutivo lleva años trabajando con los socios europeos para que se reconozca la "identidad plurilingüe" del país y en las últimas semanas se habían conseguido "grandes avances", con un "amplio" grupo de Estados dispuestos a apoyar esta medida. Sin embargo, un grupo "menor", que no ha cuantificado, ha solicitado más tiempo e información y España ha decidido aceptar esa petición para seguir dialogando.

La propuesta ha de ser adoptada por unanimidad, sin ningún voto en contra, y las eventuales abstenciones no suman en contra.

Varios países piden más tiempo

Desde esta mañana las dudas se han extendido con relación al debate de oficializar el euskera, el catalán y el gallego en la Unión Europea y de permitir su uso en el seno de las instituciones europeas. La iniciativa, promovida por el Gobierno español, iba a votarse este martes en el Consejo de Asuntos Generales de la Unión Europea (UE), aunque varios países miembros, entre ellos Finlandia, Suecia, Austria o Croacia, han expresado sus dudas legales y financieras desde primera hora. 

Francia y Chipre, por su parte, han sido más comprensibles, y han subrayado la importancia que tiene esta cuestión en España, mientras que Dinamarca ha adelantado que no se opondrá a la propuesta, al igual que Eslovenia, que ha señalado que apoyará la petición si hay una votación.

De aprobarse, las lenguas oficiales pasarían de ser 24 a 27 y, según el reglamento, serían idiomas de uso y de trabajo en todas las instituciones comunitarias. La propuesta ha de ser adoptada por unanimidad, sin ningún voto en contra, y las eventuales abstenciones no suman en contra.

La ley establece que el coste de su aplicación se financie con el presupuesto de la Unión Europea, aunque el Gobierno español se ha ofrecido a asumirlo todo, lo que supondría una excepción. El Estado español no ha ofrecido cifras concretas del esfuerzo presupuestario que supondría la oficialidad de las tres leguas, aunque Bruselas apuntó en un estudio preliminar en diciembre de 2023 que podría suponer unos 132 millones de euros al año, basándose únicamente en la experiencia del gaélico.