Ley de Amnistía
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Bruselas considera que la amnistía es "una autoamnistía", pero que no afecta a los intereses de la UE

El Gobierno de España cree que con este informe, la Comisión Europea "valida" la aplicación de la amnistía en los casos de malversación.
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Carles Puigdemont, en una imagen de archivo en Barcelona. EFE

La Comisión Europea tiene dudas de que la ley de amnistía española responda al objetivo de interés general porque, según ha trasladado al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), "parece constituir una autoamnistía" porque fue parte de un "acuerdo político" para asegurar la investidura de Pedro Sánchez y porque para salir adelante fueron "fundamentales" los votos de sus beneficiarios; si bien advierte de que no ve afectación directa de intereses económicos de la Unión Europea.

Así consta en las observaciones que el Ejecutivo comunitario ha enviado al Alto Tribunal europeo, tal y como han adelantado agencias de noticias como EFE y Europa Press, en el caso de las cuestiones prejudiciales presentadas por el Tribunal de Cuentas para aclarar si el presunto desvío de fondos para el 1-0 afecta a intereses financieros de la Unión Europea.

Sobre este punto, los servicios comunitarios consideran que "no existe un vínculo suficiente entre las actividades ilegales que tengan por objetivo la secesión de una parte del territorio de un Estado miembro y los intereses financieros de la Unión"; al tiempo que advierten de que le corresponde al órgano jurisdiccional nacional determinar si las particularidades del caso podrían justificar la existencia de una conexión suficiente.

Hasta ahora, la Comisión Europea había evitado pronunciarse sobre la Ley a pesar de que el comisario de Justicia en la legislatura pasada, Didier Reynders, se comprometió a emitir un dictamen tras hacerse eco de la "preocupación" por parte de oposición, asociaciones de jueces y sociedad civil. Entonces, la Comisión no veía 'a priori' ámbito para actuar porque la amnistía salvaba los fondos europeos y dejaba fuera el 'lawfare'.

El portavoz de Justicia del Ejecutivo comunitario ha lamentado que la filtración a la prensa de la opinión legal que ha trasladado al TJUE sobre la ley supone "una violación de las reglas" del tribunal y "pone en riesgo la serenidad" de sus procedimientos judiciales, y ha defendido que "las sumisiones de la Comisión al Tribunal no son públicas".

Por su parte, la portavoz del Gobierno de España, Pilar Alegría, ha celebrado que la CE haya dictaminado que no se dañaron los intereses financieros de la UE.

A juicio del Ejecutivo de Pedro Sánchez, con ese informe -que no es vinculante-, la Comisión "valida" la aplicación de la amnistía en los casos de malversación, en los que aún no se ha aplicado.

"A nosotros nos parece positivo y creemos que además se acerca a esa aplicación total de la amnistía, que es el objetivo que buscó además el legislador desde el principio", ha añadido la portavoz.

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