INFORME ANTICORRUPCIÓN

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La Oficina Anticorrupción señala "nula de pleno derecho" la adjudicación de Belate

Señala que el procedimiento vulneró las normas esenciales de funcionamiento de los órganos colegiados, entre ellas que el presidente de la mesa fijó su nota tras conocer la de los vocales.
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Obra de los túneles de Belate. Foto: EFE

La Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra ha concluido que la adjudicación del contrato de duplicación del túnel de Belate incurrió en irregularidades que suponen la "nulidad de pleno derecho" de los acuerdos de la mesa de contratación y, en consecuencia, de la propuesta de adjudicación.

El informe, remitido al Parlamento foral a petición de la comisión de investigación sobre obras públicas, señala que el procedimiento vulneró las normas esenciales de funcionamiento de los órganos colegiados. En particular, apunta que cuatro vocales entregaron sus puntuaciones al presidente de la mesa, que fijó la suya conociendo previamente las de los demás.

"Si bien la normativa no detalla el procedimiento que deben seguir las Mesas de Contratación, para efectuar la valoración de las ofertas técnicas, esta Cámara considera que debe establecerse un procedimiento en el que todos los intervinientes dispongan de la misma información que garantice la imparcialidad de las puntuaciones, y por tanto los principios de igualdad de trato y transparencia", destaca el informe al que ha tenido acceso la agencia EFE.

Además, gran parte de la valoración de las ofertas se realizó mediante intercambio de correos electrónicos, sin convocatorias formales ni reuniones válidas, lo que fue objeto de votos particulares de varios vocales que denunciaron la falta de motivación de las puntuaciones y la existencia de vicios en el procedimiento.

El voto particular del secretario de la mesa de contratación, de 31 de agosto de 2023 señala que "debe garantizarse que ningún miembro de la mesa (sea el que sea) ha puntuado tras tomar contacto con otras puntuaciones anteriores que pudieran contaminar la suya propia. Resulta por completo absurdo designar un órgano de valoración colegiado (en el presente caso con mayoría reforzada) para que finalmente, en la praxis, lo determinante pueda ser la apreciación individual de uno".

Y añade que "todo lo que no se consiga con esas mínimas garantías, a mi entender, obligaría a anular la licitación e iniciar un nuevo procedimiento".

En este sentido, la Oficina Anticorrupción destaca que "este voto particular se emite en un contexto en el que los miembros de la mesa de contratación únicamente se comunican por correo electrónico y el presidente se niega a permitir la convocatoria de una reunión presencial de la mesa de contratación, a pesar de las sucesivas peticiones del secretario".

La licitación, con un presupuesto de salida de 78,6 millones de euros, fue finalmente adjudicada por 62,88 millones, con una baja del 20 %, aunque el proceso superó en 80 días el plazo máximo legal.

El órgano fiscalizador no ha podido determinar si existió un conflicto de interés en la actuación del presidente de la mesa, una cuestión que deberá dilucidar la comisión parlamentaria. En cualquier caso, el informe considera necesaria una reforma de la Ley Foral de Contratos Públicos para reforzar la transparencia y garantizar el correcto funcionamiento de las mesas de contratación.

El vicepresidente primero del Gobierno foral, Félix Taberna, ha señalado este lunes que el Ejecutivo no ha tenido periodo de alegaciones ante este informe y ha explicado que existe "disparidad de criterios" entre la Oficina y la Cámara de Comptos, que ya realizó un informe que "no detectó ningún tipo de responsabilidad contable ni de ninguna otra naturaleza".

La adjudicación de 62 VPO en Erripagaña, también bajo sospecha

Por otra parte, el informe de investigación de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra sobre el contrato de obras de construcción de 62 VPO en Erripagaña, adjudicada a la UTE Acciona-Servinabar, también determina que la empresa pública Nasuvinsa "ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo" y afirma que "incumplió de plano" la ley foral de Contratos Públicos, y el pliego de condiciones reguladoras de esta contratación.

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